Los bienes de la inmobiliaria valen un 25% del dinero entregado
Madrid
La Comercializadora Peninsular de Viviendas (CPV) se halla en la actualidad sometida a un proceso de quiebra en un juzgado de lo civil de Madrid. La quiebra fue instada por los propios gestores de CPV. El proceso de quiebra nada tiene que ver con la supuesta estafa y apropiación indebida que investiga el Juzgado de Instrucción 34 de Madrid y que provocó el encarcelamiento durante casi un mes de los cuatro principales directivos de CPV.
Aunque la CPV ha recibido anticipos para casas, desde que se constituyó en 1998, de un total de 1.200 familias madrileñas, ahora son casi 900 las que se han quedado sin los pisos prometidos y no han recuperado el dinero que adelantaron. Tras saltar el escándalo, el Ayuntamiento, a través de la Empresa Municipal de la Vivienda, cedió gratis un solar municipal, en el llamado Ensanche de Vallecas, a la mitad de los damnificados; en concreto, a los que no tenían ninguna casa. Éstos va a constituir una cooperativa y pronto empezarán a construirse las viviendas.
"Esto es una injusticia"
La otra mitad han perdido sus ahorros y se han quedado en la estacada por partida doble, ya que el Ayuntamiento los ha excluido del reparto del solar. "Es muy injusto lo que han hecho con nosotros; antes de las elecciones todo eran promesas. Después de las elecciones, Esperanza Aguirre y Ruiz-Gallardón nos han dicho claramente que nuestro caso no tiene solución", explican Concha Frías y María Paz Municio, dos de las afectadas que se han quedado sin casa y sin acceso al reparto del solar municipal. La primera entregó unos 30.000 euros de anticipo a CPV, y la segunda, 36.000. Como ellas, hay otras 140 personas, que han constituido la Asociación Terra Magna de afectados de CPV.
Durante el proceso de quiebra de CPV que se sigue en un juzgado de lo civil de Madrid, se han descubierto bienes de esta inmobiliaria que suman en torno a 9 millones de euros (1.500 millones de pesetas), "sólo un 25% de las deudas contraídas con los afectados/estafados", según fuentes jurídicas. "Nosotras adelantamos en total 11 millones de pesetas y, como mucho, al final, y con suerte, podremos recuperar un millón cada una; esto es una estafa en toda regla", contaban ayer Municio y Frías, visiblemente indignadas. Las afectadas anunciaron una denuncia contra altos cargos de la Comunidad y el Ayuntamiento de Madrid al entender que, "con su actitud omisiva, han permitido que CPV estafe a cientos de madrileños y que el precio del suelo esté en la capital por las nubes". "No nos vamos a estar quietas", avisan.
