Los 17 diablos de la botella

Las campañas electorales no son ciertamente la ocasión más propicia para que los debates entre los partidos estén presididos por el rigor intelectual, la coherencia lógica y la probidad moral; las expectativas irreales -por demasiado elevadas- sobre la limpieza exigible a los participantes en la carrera hacia las urnas serían una sobrecarga para el funcionamiento de un sistema político siempre alejado en la práctica de los ideales normativos de su teoría. Pero una cosa es renunciar a las jeremíadas ingenuas sobre las suciedades menores en las luchas pacíficas por el poder y otra bien distinta ignorar el peligro de que los demonios irracionales domeñados en su día por el consenso constitucional salgan otra vez de la botella. El irresponsable azuzamiento por el Gobierno de los temores ciudadanos a una enloquecida irrupción en escena de 17 diablos cantonales escapados del Estado de las Autonomías tal vez favorezca sus intereses electorales pero socava al régimen democrático; la presentación propagandística del PP como guardián exclusivo del Santo Grial constitucional y del PSOE como una grave amenaza para la unidad española implica la calumniosa deslegitimación de la oposición como alternativa capaz de sustituir en el poder al partido gobernante.

El acuerdo de los socialistas catalanes con Esquerra Republicana -un partido independentista democrático respaldado por el 16% del electorado de su comunidad autónoma- para conseguir la investidura de Pasqual Maragall como presidente de la Generalitat fue la primera pieza de cargo en ese proceso inquisitorial contra el PSOE incoado por el PP. Pero las alianzas de gobierno entre fuerzas políticas de distinto signo ideológico son moneda corriente en todos los sistemas parlamentarios; también Aznar pactó en 1996 con los nacionalistas catalanes, vascos y canarios para ser investido presidente. Se necesitaba, así pues, arrojar más leña verde a la hoguera: las propuestas socialistas sobre la organización territorial de la Justicia y el nuevo sistema de financiación autonómica han servido de combustible para avivar el fuego patriotero.

En una charla informal con periodistas durante la recepción de la Pascua Militar, el presidente del Gobierno lanzó la nueva consigna, que fue descendiendo en forma de cascada por la pirámide del PP hasta su último escalón. Aznar remedó -con tosquedad y sin gracia- el método de inferencia galopante aplicado irónicamente por Thomas de Quincey en su ensayo sobre el asesinato entendido como una de las bellas artes: las 17 agencias tributarias y los 17 tribunales supremos -independientes de la Administración central- que los socialistas supuestamente propugnan serían el arranque de un proceso ineluctable destinado a desembocar en la creación de 17 seguridades sociales, 17 ejércitos y 17 guardias civiles en todas y cada una de las comunidades autónomas. Esa estrategia para "romper el esqueleto del Estado" sería el precio a pagar por el PSOE para dar satisfacción a sus socios de coalición si Rajoy no consiguiera la mayoría absoluta.

Las propuestas del PSOE sobre las competencias de los Tribunales Superiores de Justicia y la participación de las comunidades en la recaudación de impuestos -propios o cedidos- tienen objetivos de carácter funcional; el necesario debate para dilucidar las ventajas y los defectos de ambas ofertas programáticas requiere conocimientos especializados jurídico-procesales y tributarios. En cualquier caso, lo único seguro del asunto es que la versión dada por los portavoces del PP sobre la inconstitucionalidad de esas iniciativas y sobre los peligros de ruptura del marco estatal son falsas y están dictadas por la mala fe. El punto 569 del borrador electoral del PSOE señala de manera expresa que el recurso de casación continuará residenciado en el Supremo con independencia de que las restantes instancias procesales se agoten -tal y como establece el artículo 152 de la norma fundamental- dentro del territorio de la comunidad autónoma. Y tampoco la participación de las instituciones de autogobierno en la gestión de los impuestos -abstracción hecha de su conveniencia- sería una reforma inconstitucional ni atacaría la unidad del Estado.