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El Ayuntamiento de Castellón retrasará las fiestas por las elecciones

La medida causa malestar entre los particulares pese al respaldo de los grupos políticos

María Fabra

La Junta de fiestas de Castellón aprobó ayer retrasar una semana la celebración de las fiestas de la Magdalena para que la romería al Castell Vell no coincida con la fecha elegida por el Gobierno para la celebración de las elecciones generales, el próximo 14 de marzo. Ante esta propuesta, el Ayuntamiento se mostró ayer dispuesto al cambio. La medida, que trastocará la programación y el calendario escolar, ha tenido un impacto negativo en amplios sectores.

En cualquier caso, la decisión última ha de adoptarse en el Patronato de la Junta de Fiestas, que se celebrará mañana. La decisión apoyada por el Ayuntamiento implica cambios en los calendarios laboral y escolar y cuenta con el respaldo de los grupos de la oposición, PSPV y Bloc. Pese a que, oficialmente, los colectivos más implicados en la semana magdalenera simplemente acatan la decisión del Ayuntamiento, extraoficialmente, la decisión ha provocado el enfado de muchos. Más aún de particulares que, con las fechas determinadas, habían programado vacaciones y viajes. Además de las alteraciones individuales que supone el cambio de fechas, colectivos de arraigo han manifestado su malestar por el cambio de la más intensa de las tradiciones de las fiestas de la Magdalena, la romería, que ha de celebrarse el tercer domingo de Cuaresma.

Éstos no admiten que la coincidencia con las elecciones obligue a trasladar la semana festiva, cuando los colegios electorales están abiertos doce horas para que los ciudadanos puedan depositar su voto. Tanto es así que algunos de ellos están planteando la posibilidad de realizar la citada romería el día 14 sin alterar la tradición. Colles y gaiates habrán de alterar los compromisos con charangas, bandas y orquestas para las verbenas, cuando tan sólo faltan dos meses. Además, éstos reclaman el "poder castellonense" en Madrid para, según esperaban, hacer variar la decisión del Gobierno y trasladar las elecciones al día 7 de marzo. Los promotores del cambio, Junta de Fiestas y Ayuntamiento arguyen motivos de seguridad y económicos.

Tal como explicó el alcalde, los efectivos de la Guardia Civil y de la policía local habrán de atender la seguridad de los colegios electorales "dejando desatendidas y sin seguridad las fiestas". Así, el cálculo del coste de contratación de seguridad privada es mayor, según han cifrado, que el coste de rescisión de algunos de los contratos firmados ya por la Junta de Fiestas. Además, según el presidente de la junta, Jesús López, "muchas de las personas que trabajan en la celebración de las fiestas se verían obligadas a trabajar en las mesas electorales por lo que su participación en los actos festivos se vería mermada". Gimeno sostuvo que antes de tomar una última decisión el Ayuntamiento "quiere conocer todas las posibilidades y falta consultar todavía a hosteleros, colectivos taurinos y festeros para conocer cómo afectaría el cambio a los contratos ya cerrados".

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