Justicia replica que los jueces sentencian ahora con mayor rapidez

Para José Antonio Alonso, miembro del sector progresista del Consejo General del Poder Judicial y coautor del programa electoral del PSOE en materia de Justicia, los más de dos millones de asuntos pendientes en septiembre de 2003 demuestran que, "objetivamente, la justicia funciona muy mal en España. Y funciona mal porque el Gobierno ha incumplido sus compromisos presupuestarios, hasta el punto de que en este ejercicio la inversión directa en justicia se va a reducir en 21 millones de euros". Opina Alonso que la justicia necesita "al menos de 180 millones de euros anuales más de lo que se invierte ahora".

Rafael Catalá, secretario de Estado de Justicia, replica que el aumento presupuestario ha sido del 7,8%. "Del presupuesto del año pasado hay que quitar cerca de 100 millones de euros no computables que se destinaron a las transferencias a la Comunidad de Madrid y Cataluña".

Según José Antonio Alonso, para evitar la saturación son necesarias "medidas organizativas claras; por ejemplo, descentralizar la justicia y tratar de que al Supremo sólo lleguen los asuntos realmente importantes, así como otorgar más competencias a los Tribunales Superiores de Justicia, que son, no lo olvidemos", explica Alonso, "órganos judiciales de carácter estatal".

La estadística del Consejo General del Poder Judicial sobre la carga de trabajo de los juzgados en 2003 alude a los nueve primeros meses. Los datos del cuarto trimestre se hallan en fase de elaboración. Enrique López, portavoz del sector conservador y mayoritario del Consejo, asegura que el 80% de los algo más de dos millones de casos pendientes "están en trámite". López precisa que los jueces y tribunales están resolviendo en un tiempo razonablemente moderado, siguiendo la línea ya emprendida el año pasado, todo lo que les llega. "Estamos satisfechos porque se resuelve lo que entra".

"Son datos parciales"

López admite que en los tres primeros trimestre de 2003 se han resuelto unos 78.000 asuntos menos de los que ingresaron, pero matiza que ello obedece a que en esta estadística se han contabilizado por separado las medidas cautelares y otro tipo de incidencias que antes se contaban de forma unificada dentro del proceso en el que se solicitaban.

Rafael Catalá apunta además que los datos "son parciales" y no se corresponden con el año natural. "En el cuarto trimestre, como ocurrió el año pasado, la tendencia es que haya un reequilibrio entre lo que ha entrado y lo que se ha resuelto". Catalá avanza que se están "acortando" progresivamente en todas las jurisdicciones "los tiempos medios de respuesta" en los procesos.

López aclaró, por su parte, que el tiempo medio de espera de un asunto se ha reducido a seis meses.

Con todo, lo que más preocupa al Consejo es la situación de la Sala Primera de lo Civil del Supremo, con esperas que superan, sólo en esa instancia, los dos años.