El control de alimentos en EE UU afectará a productos españoles

Estados Unidos ha decidido llevar hasta los alimentos su campaña antiterrorista, y ello afectará a las empresas europeas y españolas, sobre todo a los exportadores de aceite, vino, aceitunas y queso. Desde el pasado 12 de diciembre, hay que someterse en EE UU a un registro previo y a controles de aduana para acreditar que el producto no amenaza a la salud pública y asegurar que no pueda emplearse con fines terroristas.

La Ley contra el Bioterrorismo presupone que los alimentos son una posible vía de entrada de agentes químicos, biológicos o radionucleares que pueden diseminarse rápidamente entre la población. Los legisladores aluden recurrentemente a la "fácil extensión" de la salmonelosis, la disentería o la hepatitis A.Según estimaciones oficiales estadounidenses, casi 400.000 empresas en el mundo se verán afectadas.

La ley quiere "reforzar la seguridad" del abastecimiento e incorpora cinco capítulos de "obligado cumplimiento" para productores de alimentos, procesadores, empaquetadores, transportistas y detallistas, además de importadores o almacenes. Obliga al registro y notificar la entrada de productos "por vía terrestre, marítima o aérea" con antelación. Además ofrece estrategias contra la entrada masiva de sustancias tóxicas en alimentos.

La primera estrategia es cerrar las fronteras y controlar el mercado interior. Según Juan Ramón Hidalgo, uno de los pocos juristas españoles especializados en seguridad alimentaria, ello supone "extremar al máximo" el control sobre proveedores y procesos de producción, pero no parece que vaya a incidir sobre la calidad del producto ni mucho menos en la posibilidad de introducir algún germen o producto tóxico.

José Juan Rodríguez, director del Observatorio de la Seguridad Alimentaria de la Universidad Autónoma de Barcelona, coincide: "No creo que la ley redunde en la seguridad alimentaria". Más bien, señala, "parece destinada" a incrementar el control policial, lo que va a implicar mayores trámites burocráticos, y a afianzar una filosofía que podría ir más allá de los alimentos y aplicarse en un futuro a otros segmentos como el de los envases o incluso el de los juguetes.

Para María Neira, presidenta de la Agencia Española de Seguridad Alimentaria, la entrada en vigor de la ley no supondrá mucho cambio para las empresas españolas. Medidas como el registro obligatorio ya se aplican con protocolos similares en Europa, donde "puede retirarse cualquier producto del mercado en apenas 24 horas". Neira cree que un alimento difícilmente podrá usarse como arma: "Los casos serían siempre muy aislados y de manejo relativamente simple".

Eduard Mata, director de la Agencia Catalana de Seguridad Alimentaria, va un poco más lejos: "Con los registros existentes en Europa se podría localizar fácilmente el origen de un lote de conservas contaminado". Más difícil sería con la carne u otros productos perecederos, pero éstos escapan al control de una ley como la estadounidense. "EE UU tiene un sistema de control alimentario muy fragmentado y disperso", concluye Mata.

Según la Federación Española de Industrias de la Alimentación y Bebidas (FIAB), la ley va a ser un obstáculo adicional a la exportación, sobre todo por los y requerimientos adicionales comola notificación de envíos, con plazos arduos si el alimento entra por mar. En cualquier caso, matiza Horacio González Alemán, portavoz de FIAB, la norma difícilmente colapsará el mercado español. Sólo un 4% de los productos agroalimentarios que se exportan se destinan a Estados Unidos(827 millones de euros de un total de 20.200 en 2002). De ellos, los más afectados serían las conservas y, en espeical, las aceitunas (300 millones de euros), vino, aceite y queso.