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Los juristas de la Comisión propugnan que la UE anule el acuerdo del Ecofin sobre el Pacto

El informe reservado señala que la decisión de los ministros es válida pese a ser ilegal

La decisión adoptada el pasado noviembre por los ministros europeos de Finanzas (Ecofin) de dejar en suspenso el procedimiento sancionador contra Francia y Alemania por incumplir el Pacto de Estabilidad es válida, aunque ilegal, por lo que debe solicitarse al Tribunal de la UE que la anule y que, además, lo haga por la vía de urgencia antes de medio año. Así se expone en el informe reservado de los servicios jurídicos de la Comisión Europea. El comisario Pedro Solbes cree "útil" acudir al Tribunal, pero la Comisión tomará la decisión al respecto el martes próximo.

El breve documento de cuatro páginas y un anexo, fechado el pasado 16 de diciembre, está firmado por el director general del servicio jurídico de Bruselas, Michel Petite, quien asegura que, aunque existen sólidos argumentos para sostener que el acuerdo del Ecofin fue ilegal, el mismo seguirá siendo válido mientras el Tribunal de la UE no lo anule. La ilegalidad del acuerdo está basada en dos hechos: el implícito rechazo de los ministros a poner en marcha las medidas sancionadoras contra París y Berlín recomendadas por el Ejecutivo comunitario y su acuerdo para dejar "en suspenso" el procedimiento por déficit excesivo contemplado en el artículo 104 del Tratado de la Unión.

Con respecto a la primera afirmación, el documento indica que la decisión del Ecofin no sólo no tiene base jurídica alguna en el Tratado, sino que además es contrario al sistema sancionador establecido en el mismo contra los países cuyos déficit públicos superan el límite del 3% del PIB establecido en el Pacto de Estabilidad.

Para lograr la anulación del acuerdo, añade el informe, la Comisión tendrá que demostrar que el Ecofin no tenía otra opción que la de seguir el procedimiento sancionador del artículo 104 y hay, precisa, varios argumentos a favor de esa tesis. De entrada, explica, el Ecofin podía haber modificado las recomendaciones de la Comisión (poner bajo vigilancia las cuentas públicas de Berlín y París y exigirles reducciones concretas del déficit en 2004 y 2005) exponiendo análisis económicos diferentes a los que presentó el Ejecutivo comunitario. Pero no sólo no lo hizo, sino que, de hecho, confirmó las evaluaciones del Ejecutivo comunitario sobre los excesivos déficit de Alemania y Francia y reconoció que ambos países debían tomar medidas suplementarias para reconducir sus desequilibrios presupuestarios. Por eso, el Ecofin no tenía margen para eludir el procedimiento sancionador previsto en el Tratado.

Por el contrario, al optar por una decisión que el informe jurídico considera atípica, el Ecofin violó los mecanismos legales de control presupuestario establecidos en el Tratado y el Pacto, que dice explícitamente que los ministros de Finanzas deben obligar al país afectado a tomar medidas correctoras en un plazo de diez meses una vez detectado un déficit excesivo.

El objetivo final de acudir al Tribunal consiste, por tanto, dice el documento, en que los magistrados europeos establezcan que, en una Comunidad de Derecho, las reglas del Tratado no pueden ser ignoradas o cambiadas únicamente porque no hay una mayoría que apoye las propuestas de la Comisión (en efecto, no hubo esa mayoría en dos votaciones previas del Ecofin). Por el contrario, no se pretende que el Tribunal examine si eran adecuados el análisis económico de la Comisión o las medidas correctoras que propuso.

De otro lado, los juristas sostienen que el Ecofin también violó el Tratado al dejar en suspenso el procedimiento sancionador, porque sólo puede hacerlo si el país afectado ya ha tomado con anterioridad medidas para corregir su déficit, algo a lo que el Ecofin no se refirió en sus conclusiones.

El informe jurídico pone de relieve que el plazo habitual para resolver estos casos ante el Tribunal de la UE es de dos años y que, dada la incertidumbre legal existente, conviene solicitar que los magistrados apliquen el procedimiento de urgencia de forma que haya una decision judicial rápida que se produciría entre tres y seis meses después de presentar la denuncia. En estos días, los 20 comisarios analizan los hechos para debatirlos el próximo martes.

El comisario de Asuntos Económicos y Monetarios, Pedro Solbes, encabeza el grupo de comisarios partidarios de acudir al Tribunal, aunque otros, como el francés Michel Barnier o la alemana Michaele Shreyer, tienen grandes dudas. La posición de Solbes ha sido sostenida y avalada sin fisuras por sus dos principales colaboradores en este terreno: el alemán Klaus Regling, director general y uno de los redactores del Pacto de Estabilidad en 1997; y su jefe de Gabinete, Luis Planas, uno de los españoles con más experiencia en asuntos comunitarios por su amplia trayectoria en la Comisión y en el Parlamento Europeo.

* Este artículo apareció en la edición impresa del Domingo, 11 de enero de 2004