Guillem Vidal avala la propuesta de que el Tribunal Superior sea la última instancia

Tiempos de sintonía política y judicial en Cataluña al más alto nivel. Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC), defendió ayer la constitucionalidad de la propuesta planteada por el Gobierno catalán para convertir al TSJC en la última instancia judicial de Cataluña en todos los ámbitos y reservar al Tribunal Supremo la función de unificación de doctrina y liberarlo de los recursos de casación que ahora le llegan. "Es una propuesta razonable y aceptable", afirmó Vidal en presencia del consejero de Justicia, Josep Maria Vallès.

Vallès acudió ayer al Palacio de Justicia de Barcelona a realizar su primera visita institucional después de que días atrás ya visitase al fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, y pasara unas horas de la Nochevieja en el juzgado de guardia con el personal judicial. Guillem Vidal le ofreció realizar una visita por las dependencias judiciales y Vallès aceptó antes de reunirse con él. Una hora después comparecieron ante los medios de comuniación y manifestaron su plena coincidencia en la propuesta del Gobierno catalán de cambiar la ley para que el TSJC resuelva los recursos que puedan presentarse en todos los ámbitos judiciales (civil, penal, social o contencioso). "Es una propuesta que en 1999 ya estaba en el programa del PSC-Ciutadans pel Canvi", recordó Vallès. "Yo lo vengo defendiendo desde hace años", terció Vidal, para recordar después que este planteamiento ha sido avalado también por el propio Tribunal Supremo, el Consejo General del Poder Judicial, el Consejo General de la Abogacía y por los presidentes de los tribunales superiores.

Estado de las autonomías

Días después de que el Gobierno catalán hiciese pública esa propuesta trascendió que el PSOE la había incorporado a su programa electoral para aplicarla en los 17 tribunales superiores de las correspondientes comunidades autónomas (véase EL PAÍS, 5 de enero). Eso levantó un sinfín de críticas del Gobierno del PP que ayer fueron rechazadas tanto por Guillem Vidal como por el consejero de Justicia. "Es una propuesta plenamente constitucional que no hace otra cosa que adaptar la justicia al Estado de las autonomías", explicó Vidal.

"No es ningún disparate jurídico. Puede gustar o no, pero no es improvisado", explicó Josep Maria Vallès. "En España no ha habido una descentralización de la justicia y en los estado con modelos territoriales similares al nuestro se han hecho estas reformas", añadió.

¿Y cómo piensa el Gobierno catalán convertir su propuesta en realidad?, se le preguntó, puesto que es necesaria una reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial. La modificación la puede impulsar un grupo parlamentario en las Cortes o se puede llevar a cabo a través de un pronunciamiento del Parlament instando esa reforma. "Estamos estudiando cuál es la vía más adecuada", explicó Vallès.

El consejero declinó pronunciarse sobre las propuestas de su departamento en el ámbito de prisiones y se remitió a una próxima comparecencia pública para explicarse con detalle en esa materia. Sí dejó claro que para él la justicia es un servicio público y de una importancia "capital". En su opinión, "los ciudadanos han de tener la garantía de que sus derechos están bien protegidos".

Luego explicó: "Mantendré lo que ha funcionado bien y mejoraré lo que no", pero añadió que "no habrá espectacularidad". Reconoció que es una cartera con pocos "rendimientos inmediatos" y que pretende que jueces y funcionarios estén "preparados y motivados".