Fabra declaró su empresa a los tres años de su creación
El presidente de la Diputación de Castellón, Carlos Fabra, no declaró su participación en la empresa Carmacas hasta junio de 2003, tres años después de su creación. Según la documentación aportada por la Diputación, en el registro de intereses sobre causas de posible incompatibilidad, reclamado por el PSOE, no consta que durante la pasada legislatura se realizara ninguna variación a la declaración presentada al comenzar su mandato, en julio de 1999, cuando todavía no se había creado la empresa. En el documento no aparece su participación en Carmacas, que sí está incluida en la declaración presentada en 2003 y en la que aparece como administrador único. Carmacas es la empresa a través de la que, según el empresario Vicente Vilar, que se ha querellado contra Fabra, realizaba los pagos por los presuntos favores políticos y la mediación con cargos de la Administración.
Los servicios técnicos de la Diputación hicieron entrega el miércoles de los documentos sobre el registro de intereses sobre causas de posible incompatibilidad a los grupos políticos. Además, el secretario remitió un informe en el que niega la entrega del registro de intereses de bienes por no ser público. Aún así, la oposición recibió un sobre que contiene dicha declaración de bienes y que no ha sido hecha pública. Según publicó ayer Levante, en el registro de intereses de bienes aparece la posesión de títulos bursátiles que, entre 1995 y 2003 pasan de ser 753 acciones, a ser 8.000 en valores de Inversiones Valencia Capital Riesgo (2.842), BBVA (1.366), BSCH (28), Repsol (114), Endesa (52), Altadis (122), Telefónica Móviles (377), Inditex (555) y Deutsche Telecom (66).
El grupo socialista en la Diputación ha solicitado la creación de una comisión de investigación para clarificar su incremento patrimonial y para que Fabra explique su participación en otras empresas que no aparecen en la declaración. El secretario general de los socialistas valencianos, Joan Ignasi Pla, reclamó ayer a Fabra admita la creación de esta comisión de investigación y demandó la intervención del secretario general del PP, Mariano Rajoy.
Asimismo, el grupo parlamentario socialista dirigió ayer un escrito a la Mesa del Congreso en el que solicita una investigación por parte de la Comisión del Estatuto de los Diputados, para clarificar las actuaciones del diputado del PP Miguel Prim Tomás, "en interés de empresas propiedad de la esposa del presidente de la Diputación Provincial de Castellón".
