Política militar

Recién cumplidos 25 años desde la aprobación de la Constitución, bien puede decirse que el llamado problema militar, principal preocupación de los demócratas españoles del siglo XX, ha pasado a la reserva; sí hay, en cambio, problemas de política militar, pero como los hay de política sanitaria o judicial. La Pascua Militar, una tradición centenaria, es una ocasión para repasar esos problemas. Ya sin las angustias de hace un cuarto de siglo, cuando el Rey exhortaba a los miembros de las Fuerzas Armadas a mirar al futuro más que al pasado. Aquel futuro es hoy presente, con un Ejército que no sólo ha dejado de tener como prioridad el orden público y control del territorio, sino que desarrolla gran parte de su actividad fuera de las fronteras nacionales.

La celebración ha tenido este año cierto aire de duelo, con el recuerdo de los 62 militares fallecidos en el accidente del Yak-42, en mayo pasado, de regreso de una misión en Afganistán, y de los 10 que han perdido la vida en Irak. El accidente reveló la existencia de unos criterios de gestión, sobre todo en relación al transporte de tropa, más que discutibles. La falta de transparencia de Defensa en relación a lo ocurrido -explicaciones contradictorias, negativa a una investigación parlamentaria- ha sido el aspecto más negativo de la gestión del ministro Trillo en 2003.

Ello contrasta con la eficacia de la actuación de los militares sobre el terreno en esa y otras misiones, como las de Kosovo y Bosnia. También en la de Irak, pese a los atentados padecidos por los agentes del CNI. Y pese también a que la participación española en la ocupación de ese país se ha producido sin aprobación de las Cortes y contra la opinión mayoritaria de los españoles. La ruptura del consenso que había venido existiendo en este terreno desde la transición es preocupante: la política de Defensa exige una continuidad que la deje a salvo de cambios de mayoría. Acaban de entrar en servicio los aviones de combate europeo cuya incorporación fue aprobada a fines de los ochenta, con Gobierno socialista, y nadie sabe qué Gobierno habrá cuando culminen las fuertes inversiones comprometidas este año por el Gobierno.

Esa modernización del armamento guarda relación con las dificultades de reclutamiento. Hace ahora siete años, el entonces ministro, Eduardo Serra, adelantó la cifra de entre 150.000 y 180.000 soldados profesionales como previsión para 2003. En 1999 la previsión se contraía a una cifra entre 102.000 y 120.000. En los presupuestos para este año ha bajado a 80.000. A la luz de estos datos, no parece baladí la referencia del Rey a la mejora de las condiciones laborales de los profesionales de las Fuerzas Armadas.