Un cadáver en la sala
El 'caso Turismo', uno de los escándalos que mayor revuelo causaron durante la anterior legislatura en Cataluña y que la mayoría saliente de CiU y PP no quiso que se investigara en el Parlament, ha vuelto a la actualidad con apariencia de novela negra tras la extraña muerte en Manila de principal imputado, Joan Cogul. El juez instructor ha venido investigando desde hace tres años la malversación de un millón de euros por parte del Consorcio de Turismo, del que fue director Cogul, el cual habría encargado informes inútiles o burdamente copiados para beneficiar a amigos y familiares y a militantes de Unió Democràtica de Catalunya (UDC), el socio de la coalición nacionalista del que dependía la cartera de Comercio, Consumo y Turismo cuando se produjeron los hechos, entre 1993 y 1995.
El caso dio un giro rocambolesco el 17 de diciembre. Ese día, Cogul debía regresar a España para entregar su pasaporte y ponerse disposición del juez que había abierto juicio oral contra él y 12 personas más, a los que el fiscal acusa de malversación de caudales públicos, prevaricación, estafa, falsedad y negociaciones prohibidas a los funcionarios. Pero su abogado defensor comunicó que había fallecido en Manila a causa de un infarto. La rápida incineración del cadáver al día siguiente, el ocultamiento de este hecho al juez durante 11 días y el hecho de que la muerte se produjera por un tiro en la cabeza -un suicidio, según versión familiar- y no por un infarto, según consta en el certificado de defunción aportado posteriormente por la defensa, han sembrado nuevas dudas. Cuando la justicia española intentó verificar el fallecimiento a través de un médico de la Embajada española en Filipinas ya no era posible porque el cuerpo había quedado reducido a cenizas. Así las cosas, sólo la diligencia de Interpol requerida por el juez puede aportar pruebas convincentes sobre el fallecimiento.
No ha sido bueno el funcionamiento de la justicia en este caso: pese a los cargos que pesaban contra Cogul y su esposa, el juez no les retiró a tiempo los pasaportes. Pero en la anterior legislatura también falló el control parlamentario sobre un caso que tiene indudables ramificaciones políticas en un partido que hasta ahora estaba gobernando. Ahora la nueva mayoría de izquierdas que gobierna en Cataluña tras las elecciones del 16-N puede rectificar el curso de las cosas. Si la matemática parlamentaria impidió en su día esa investigación, ahora la permite. Y la ética política obliga a realizarla.
