Gallardón obliga a Aguirre a perseguir a los morosos del Ayuntamiento

El Ayuntamiento de Madrid firmó el pasado día 13 de noviembre con el Gobierno regional en funciones un convenio para perseguir fuera de la región a los deudores municipales. Alberto Ruiz-Gallardón, que entonces, además de alcalde, era presidente en funciones, fue quien decidió suscribir el acuerdo entre las dos administraciones. Lo hizo 17 días después de que Esperanza Aguirre fuera elegida presidenta de la Comunidad tras los comicios del 26 de octubre. Este convenio ha sido recibido con contrariedad por el Ejecutivo regional, dada la falta de información de su firma.

"Ruiz-Gallardón firmó en sólo unos días lo que él como presidente del Gobierno regional no hizo en ocho años", denuncia un portavoz del Ejecutivo de Esperanza Aguirre. "Cuando nos hicimos cargo del Gobierno nos encontramos con esta sorpresa".

"El entonces consejero en funciones, Enrique Ossorio, había firmado con el concejal de Hacienda, Juan Bravo, que había sido el anterior consejero, un convenio por el cual la Comunidad se comprometía a ayudar a cobrar los impuestos y las multas a los madrileños residentes fuera de la región", explica este portavoz. "El acuerdo", añade, "se alcanzó de prisa y corriendo antes de que llegáramos a la Administración. Ahora, la consejera de Hacienda intenta saber en qué consiste el compromiso y qué coste le supondrá", apostillan desde la Comunidad. Cuando Ruiz-Gallardón tuvo que hacerse cargo en funciones del Gobierno regional, se comprometió a gestionar un Ejecutivo de baja intensidad que iba a adoptar sólo los acuerdos imprescindibles.

Cada expediente, 4 euros

Según la versión facilitada por el Gobierno regional, el acuerdo alcanzado tiene una duración de un año, con opción a prórroga por decisión de ambas partes. El convenio obliga a Esperanza Aguirre a cobrar los tributos y las multas y sanciones a los madrileños que vivan fuera de la región. Además, las dos administraciones -local y regional- están obligadas a formar una Comisión Mixta de Coordinación y Seguimiento, integrada por tres representantes nombrados por la Consejería de Hacienda y otros tres designados por la Concejalía de Hacienda. Esta comisión debe reunirse al menos cada seis meses.

Lo que más preocupa al Gobierno de Aguirre es la falta de cuantificación del acuerdo. "No sabemos lo que hemos firmado", explicó un portavoz del Ejecutivo. "No sabemos todavía de qué volumen de expedientes estamos hablando. Desconocemos, por ejemplo, cuánto personal necesitaremos para articular estos expedientes. Lo único que refleja el convenio es que el Gobierno regional recibirá cuatro euros por cada expediente que se formalice", añadió.

A esta cantidad de cuatro euros por expediente se aumentará cada año el IPC si el convenio se amplía. "No es que estemos en contra de este acuerdo para ayudar al Ayuntamiento de Madrid a recaudar impuestos, pero sí pensamos que hubiera sido mejor retrasar la firma para poder participar en las condiciones del mismo, y no habernos encontrado con un convenio ya hecho por Ruiz-Gallardón, firmado por su consejero de Hacienda y su concejal de Hacienda, en unas condiciones pírricas", añade este portavoz.

EL PAÍS preguntó al Ayuntamiento de Madrid cuánto dinero se recauda en impuestos y qué cantidad corresponde a los madrileños que residen fuera de la región, pero tales datos no fueron facilitados.

Según los presupuestos del Ayuntamiento, el Consistorio prevé recaudar 993,3 millones de euros en 2004 en impuestos directos, esto es, IRPF, IBI, tracción mecánica y actividades económicas, entre otros. En Cataluña, las sanciones y multas impuestas por el Ayuntamiento de Barcelona las ejecuta el Instituto Municipal de Hacienda.