Cortina de humo

El BOE del día 11 de diciembre publicó la Ley 52/2003, del 10 de diciembre, de disposiciones específicas en materia de Seguridad Social. La mayoría del PP ha justificado la norma en que es necesario evitar discriminaciones en el percibo de prestaciones por el sólo hecho de residir en diferentes autonomías.

En realidad, la ley pretende impedir que las comunidades autónomas establezcan ayudas complementarias a favor de los pensionistas con rentas más bajas, como viene haciendo la Junta de Andalucía. Precisamente, estas ayudas fueron objeto de una sentencia del Tribunal Constitucional de 11 de diciembre de 2002, que desestimó el recurso promovido por el Gobierno y declaró la competencia del ejecutivo autonómico para concederlas. El Constitucional señaló que el principio de "unidad de caja" no experimenta quiebra o menoscabo alguno, pues el mayor nivel de protección que conllevan estas ayudas se costean a cargo del presupuesto de la comunidad autónoma.

Leyendo el articulado de la ley, observo que también establece la incompatibilidad de la asignación económica por tener a cargo un hijo minusválido con la pensión de orfandad de los mayores de edad incapacitados. Antes ambas prestaciones eran compatibles.

Y surge entonces la inevitable pregunta: ¿No se habrá aprovechado una teórica amenaza a la unidad del sistema de la Seguridad Social para que pase desapercibido lo que es un real recorte en las prestaciones sociales?