La Junta expedienta a dos confederaciones por infracciones ambientales

La Consejería de Medio Ambiente tiene en marcha, al menos, siete expedientes sancionadores contra dos confederaciones hidrográficas al considerar que realizaron obras sin someterlas a procedimientos de prevención ambiental. Sin embargo, un juez de Córdoba ha dado la razón a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que recurrió una sanción de la Junta por esta razón al declarar "incompetente" a la Administración autonómica para intervenir en "supuestos especiales de proyectos estatales".

El director técnico de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir, Juan Saura, enmarca la apertura de expedientes sancionadores en las discrepancias existentes entre la Administración andaluza y la estatal a propósito del procedimiento de evaluación ambiental, tras la modificación de la legislación realizada en mayo de 2001 por el Ministerio de Medio Ambiente. "Pero la discrepancia no se sustancia poniendo expedientes", censura.

Con la nueva norma, la supervisión previa de todas las obras, incluidas las de menor enjundia, puestas en marcha por organismos de ámbito estatal deja de depender de la Administración autonómica, como es el caso de las confederaciones hidrográficas. Saura asegura que, cuando entró en vigor la reforma, la Administración andaluza le devolvió todos los proyectos de la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que estaban tramitando con el argumento de que "el órgano sustantivo competente es el ministerio". Desde entonces Saura sostiene que todas las actuaciones ejecutadas por el organismo se han tramitado ajustándose a los nuevos requisitos legales y se han notificado a dos departamentos ministeriales.

La Consejería de Medio Ambiente, sin embargo, entiende que, al menos, en siete supuestos en los que se han ejecutado obras en cauces de ríos o arroyos se debería haber contado con una declaración o informe de impacto. De ahí que haya puesto en marcha expedientes sancionadores contra la Confederación Hidrográfica del Sur por una actuación en el arroyo Botafuego, en Cádiz, y contra la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir por seis intervenciones en Jaén, Córdoba y Sevilla.

El caso cordobés, uno de los más antiguos, ha llegado ya a los tribunales, a los que recurrió la CHG tras la decisión de la Junta de imponerle una multa de 6.000 euros por dragar y limpiar el cauce del río Cabra sin someterlo al trámite de prevención ambiental. El juzgado de lo contencioso-administrativo número 3 de Córdoba, en una sentencia dictada en noviembre pasado, dio la razón a la confederación y anuló la sanción al considerar que es la Administración estatal la "única competente para autorizar y aprobar el proyecto, para la evaluación y declaración de impacto ambiental" al tratarse del proyecto de un organismo estatal. La Confederación Hidrográfica del Guadalquivir asegura que llevará a los tribunales todas las sanciones que imponga la Junta por esta razón.

Tras la reforma legal de 2001, los requisitos para someter a prevención ambiental una obra se han suavizado de forma notable, lo que hace que el propio ministerio, a través de la Secretaría General de Medio Ambiente, exima de tal procedimiento a numerosos proyectos. A juicio de representantes de la Consejería de Medio Ambiente, la nueva norma ha aligerado los procedimientos de evaluación ambiental hasta extremos "muy preocupantes".