Entra en vigor la ley estatal que resta poder al pleno en favor del gobierno municipal

Mañana, 1 de enero, entra en vigor la Ley de Grandes Ciudades, el arma legal que el alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, lleva esperando meses como agua de mayo. La normativa otorga todo el poder ejecutivo a la Junta de Gobierno y se lo quita al pleno municipal, acabando así con "una confusión histórica y absurda", según el regidor, y asimilando el funcionamiento del Ayuntamiento al de las administraciones regional y estatal. Algo a lo que el PP ya se adelantó en junio, al lograr, gracias a su mayoría absoluta, traspasar al gobierno municipal competencias del pleno.

Ruiz-Gallardón compareció ayer pletórico tras presidir la última Comisión de Gobierno del Ayuntamiento. La próxima, convocada para el 8 de enero, se llamará de otra forma: Junta de Gobierno, y tendrá perfil y atribuciones distintos. La Ley de Grandes Ciudades autoriza a los ayuntamientos a que su gobierno lo formen personas que no han sido elegidas concejales previamente (y que tendrían voz, pero no voto, en el pleno municipal). El alcalde aseguró que aún no ha pensado si hará uso de esa facultad.

Lo que sí ha decidido es que, "de momento", no delegará en nadie la presidencia de los plenos, una función que hasta ahora le tocaba ejercer a él, a la que se resistió y que aceptó a regañadientes al principio de su mandato, pero a la que, finalmente, parece haberle cogido cariño.

El efecto fundamental de la entrada en vigor de la Ley de Grandes Ciudades es que el pleno -órgano legislativo y de control formado por los concejales electos de todos los partidos- pierde su histórica labor ejecutiva, compartida hasta ahora con el gobierno. Un pleno municipal no funciona -hasta hoy- como un Parlamento. Su particularidad reside en que es órgano legislativo y ejecutivo a un tiempo: la aprobación de cualquier norma debe pasar por él, pero también la adjudicación de todos aquellos contratos que superen una determinada cuantía.

El PP ya logró el pasado junio, en el primer pleno de esta legislatura y gracias a su mayoría absoluta, que las competencias de "gestión administrativa" (contratos, proyectos de obras, adjudicaciones y algunas aprobaciones de gasto) pasaran en exclusiva a la Comisión de Gobierno. Los populares alegaron que debatir en el pleno "hasta el mínimo contrato de compra de fotocopiadoras para la Casa de la Villa" sólo consigue eternizar las sesiones y restar eficacia, y aseguraron que la Ley de Grandes Ciudades, que se iba a aprobar en seis meses, respaldaría su decisión. Así ha sido. La nueva ley fue aprobada por el Congreso el pasado 26 de noviembre con el voto a favor de PP y PSOE y la abstención de IU.

"Es una auténtica revolución que profundizará la democracia local. Hasta ahora existía una confusión histórica, absurda, que imponía criterios decimonónicos de funcionamiento a los ayuntamientos del siglo XXI", afirmó ayer Ruiz-Gallardón. Dirigentes de su equipo subrayaron que la normativa "otorga al gobierno municipal aún más atribuciones que las que asumió en junio, porque le autoriza a aprobar ciertos gastos que ahora debían pasar todavía por el pleno".

Además de separar claramente las funciones de la oposición y del Ejecutivo -una distinción que hasta ahora no estaba tan clara-, la Ley de Grandes Ciudades incorpora otras novedades, como que en las reuniones de la Junta de Gobierno no estarán presentes el interventor municipal ni el secretario general del Ayuntamiento. La función de vigilancia que ejercían la asumirá el primer teniente de alcalde, Manuel Cobo. Ruiz-Gallardón se comprometió a "consensuar con todos los grupos" el reglamento de la ley que afectará al funcionamiento del pleno. No aquel que regirá en la Junta de Gobierno.