Las multas por exceso de ruido alcanzarán los 300.000 euros

La nueva ordenanza del ruido, que el gobierno municipal espera aprobar en enero, endurecerá las multas contra los infractores hasta un máximo de 300.000 euros (el tope actual es de 6.000) y permitirá al Ayuntamiento cerrar cautelarmente locales ruidosos o inmovilizar coches mientras se tramitan los expedientes de sanción. El alcalde, Alberto Ruiz-Gallardón, anunció ayer la nueva normativa, que no es idea suya sino aplicación de la Ley del Ruido estatal (aprobada hace tres meses) y de las directivas europeas.

El borrador de la ordenanza ya está listo, y el gobierno municipal quiere que el pleno del Ayuntamiento lo debata y apruebe (el PP tiene mayoría absoluta) en su sesión del próximo enero. Cuando entre en vigor, las multas por superar el volumen de ruido permitido, en horario nocturno o diurno, se multiplicarán hasta por 50. Éstas son las sanciones previstas ahora y cómo quedarán con la nueva normativa:

- Para ruido emitido por vehículos de motor. La multa por infracciones de carácter leve pasa de un máximo de 330 euros a un máximo de 600. Las de carácter grave se castigarán con hasta 12.000 euros (ahora la multa es de entre 330 y 600); y quien cometa una falta muy grave -por ejemplo, los motoristas que circulan sin silenciador, con uno estropeado o con un tubo resonador- se llevarán un buen susto: la sanción pasa de 1.800 euros a 300.000. Responsables de la Concejalía de Medio Ambiente admiten, sin embargo, que sólo en casos "muy excepcionales y poco previsibles" se aplicaría esa multa máxima.

- Para ruido emitido por fuentes fijas (industrias, bares y discotecas, torres de refrigeración, casas particulares...). El único caso en el que la sanción se reduce, en lugar de aumentar, es el de las infracciones leves: de 1.800 euros a 600. La explicación: "La mayoría de las veces se trata de problemas de convivencia entre vecinos que se resuelven pronto". Las faltas graves -incumplir los horarios de cierre de un local, negarse a facilitar al Ayuntamiento los datos de ruido o manipular los sistemas de sonido- pasan de 3.600 euros a un máximo de 12.000, y, además, la sanción podrá ir acompañada de la clausura del local por cuatro meses. Las multas por infracciones muy graves -superar en más de 7 decibelios el volumen de ruido permitido, carecer de vestíbulo acústico o tener las ventanas o las puertas del local abiertas- alcanzan, también aquí, los 300.000 euros (ahora el tope es de 6.000) y la clausura, incluso definitiva, del centro emisor.

La nueva ordenanza permitirá también al Ayuntamiento tomar medidas cautelares mientras se resuelven los expedientes de sanción. Podrá, por ejemplo, decretar el cierre provisional de un bar que incumpla la normativa, suspender la licencia de actividad de una industria o inmovilizar un vehículo cuyo conductor ha cometido una infracción.

La ordenanza del ruido de Madrid, que tiene más de 30 años, fue actualizada y renovada en 2001, pero el Ayuntamiento está obligado a cambiarla ya para adaptarse a la Ley del Ruido aprobada por el Congreso el pasado 11 de septiembre. A su vez, esa ley responde a una directiva europea que pretende homogeneizar los criterios sobre ruido en las grandes urbes del continente. El equipo de Ruiz-Gallardón no ha aportado prácticamente nada nuevo a esa normativa estatal, que debe regir en las 15 ciudades con más de 250.000 habitantes antes de 2007.