Los sindicatos de Sevilla pararán las obras municipales si son inseguras

El Ayuntamiento de Sevilla y las organizaciones locales de los sindicatos UGT y CC OO firmaron ayer un acuerdo contra la siniestralidad laboral en las obras contratadas por el gobierno municipal. La ratificación de este pacto supone también un desafío a la patronal, que considera que el acuerdo "traspasa" los límites de la legalidad, según afirmó recientemente el presidente de los empresarios sevillanos, Fernando Guerrero. El texto otorga competencias a los sindicatos para controlar a las contratas y subcontratas e incluso para paralizar las obras en caso de que se incumpla la normativa de prevención de riesgos laborales.

Entre otras medidas, el Ayuntamiento se compromete a informar a los sindicatos de cada una de las concesiones de obras que firme, mientras que la empresa adjudicataria deberá dar cuenta a UGT y CC OO de las contrataciones y subcontrataciones que establezcan.

Las nuevas medidas afectarán a todas las obras que realicen las diferentes delegaciones del Ayuntamiento, cualquiera de las cinco empresas municipales (Emasesa, Emvisesa, Tussam, Lipasam y Mercasevilla) o los dos organismos autónomos (la Gerencia de Urbanismo y el Instituto de Deportes).

Rechazo de la patronal

Para la patronal sevillana, algunas de las medidas recogidas en el acuerdo suponen la "suplantación", por parte del Ayuntamiento y los sindicatos, de competencias que no le corresponden. Los firmantes del pacto, sin embargo, insistieron ayer en que el texto no supone ninguna obligación para el empresario que no venga ya recogida en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y aseguraron que el objetivo del acuerdo es "garantizar" el cumplimiento efectivo de la norma.

El delegado municipal de Empleo, Antonio Rodrigo Torrijos (IU), advirtió de que en las obras contratadas por el gobierno municipal, a las que se refiere el acuerdo, el Ayuntamiento establecerá las obligaciones que debe cumplir la empresa adjudicataria y podrá dejar fuera a quien no se adapte a sus condiciones. "Es nuestro derecho rescindir el contrato a quien no cumpla con la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. No creo que sea dramático que los empresarios no firmen este convenio", subrayó.

Más duros fueron los representantes sindicales, quienes se muestran convencidos de que no todos los empresarios cumplen con la ley. El delegado provincial de CC OO, Rafael Fernández Serra, pidió a la patronal que, si no comparte el texto firmado, colabore cuanto antes para corregirlo. "Deberían partir de la premisa de que no somos unos perversos que queremos llevarlos a la ruina", dijo. "A aquellos grandes ausentes hoy en esta mesa [la patronal], el tiempo probablemente les va a condenar a sentarse en ella", señaló Fernández Serra. El dirigente sindical elogió el acuerdo en tanto que obliga a todos los implicados a "modificar usos".