Incentivar la permanencia en el trabajo tras la jubilación
![Anabel Díez](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2F6a03a8da-a77f-4658-abe7-524da5d9d3a4.png?auth=3852c5380b3aef50545c6c0ffd184b9a56111a1fc7d417bb484bd779ae62222b&width=100&height=100&smart=true)
Los socialistas estiman que deben revisar las normas sobre la jubilación anticipada, pero también la que se disfruta con la edad legal. "Incentivaremos la prolongación voluntaria del trabajo, una vez superada la edad legal de jubilación", señala el programa en materia de pensiones. Salvo en casos excepcionales y justificados no podrán utilizarse recursos públicos para ajustes laborales que supongan jubilaciones anticipadas", señala el mismo texto. Se estudiará la protección más adecuada de aquellos prejubilados motivados por despidos individuales mediante la creación de un fondo específico para la cobertura de esta contingencia.
La oferta fundamental está en la mejora de las pensiones mínimas (viudedad, jubilación del Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez, SOVI, y pensiones de jubilación con cónyuge a cargo), para las que habrá 4.000 millones a lo largo de la próxima legislatura. El PSOE no rompe con este programa las previsiones del Pacto de Toledo cuando, por ejemplo, señala que se avanzará en la reducción de los diferentes regímenes para llegar sólo a dos: trabajadores por cuenta ajena y por cuenta propia. Habrá pensión de orfandad hasta los 25 años y se reconocerá este derecho a las parejas de hecho estables.
Consumidores y usuarios
La protección a las familias también lleva al PSOE a proponer medidas que prevengan el sobreendeudamiento en el que puedan caer los ciudadanos y que pueda derivar en situaciones dramáticas de exclusión social si pierden el trabajo o cambia su vida por quiebra económica o separación conyugal.
En este apartado ha trabajado toda la legislatura la responsable federal del PSOE de consumidores y usuarios, Isabel Pozuelo. Se trata de establecer un procedimiento extrajudicial para que a través de centros de arbitraje los ciudadanos puedan llegar a un acuerdo de pago con sus acreedores, incluso con una "propuesta amistosa de pago". En caso de llegar a los tribunales también se establecerá por ley el fraccionamiento de los pagos de la deuda.
En este apartado del programa se incluye la creación de un procedimiento que garantice la seguridad y la calidad de la prestación de los servicios de interés general, como energía, agua, telecomunicaciones y carburantes, y a precios asequibles. Una ley estatatal establecerá el marco jurídico de las asociaciones de consumidores.
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