El Gobierno vasco acusa al central de buscar réditos políticos al recurrir el plan

El Gobierno vasco acusa al Ejecutivo central de buscar "un rédito político inmediato" al haber impugnado ante el Tribunal Constitucional el plan Ibarretxe con el fin de suspender su tramitación parlamentaria. En las alegaciones presentadas ayer ante el alto tribunal, el Ejecutivo vasco censura que la Administración central haya podido presentar dos veces alegaciones, quebrantando así el principio de igualdad de armas procesales. Y censura también que bajo su impugnación esté "encubriendo realmente un recurso previo de inconstitucionalidad contra una simple iniciativa de reforma estatutaria".

En las alegaciones presentadas ante el Constitucional después de que el alto tribunal diera audiencia a todas las partes -gobiernos central y vasco y Parlamento autonómico- a través de una providencia el pasado 4 de diciembre, el Ejecutivo que encabeza el lehendakari indica con claridad lo que la impugnación de la propuesta de nuevo Estatuto busca. "El efecto que les ha animado a realizar esta prematura y virtual impugnación preventiva tiene el único y exclusivo objetivo de impedir que el Parlamento vasco y las Cortes debatan públicamente un asunto de máxima importancia", según los letrados del Gobierno autónomo.

Los servicios jurídicos de éste han dividido las alegaciones en tres bloques para pedir al Constitucional, cuyos magistrados se encuentran profundamente divididos, que no prospere la impugnación solicitada el 13 de noviembre por el Ejecutivo central. Por un lado, considera que el Gabinete de Aznar ha incumplido la "obligación legal" de solicitar el dictamen preceptivo de la permanente del Consejo de Estado para interponer una impugnación de estas características. Y le recuerda, además, que al haber impugnado también el acuerdo del 4 de noviembre de la Mesa del Parlamento que daba luz verde a la tramitación parlamentaria ha recurrido un acto que "no había adquirido plena firmeza", según las normas que regulan el funcionamiento de la Cámara. "Tendrán que esperar a que la propuesta se convierta en ley para poder recurrirla", dicen.

El director de Derechos Humanos, Txema Urkijo, anunció que el Gobierno vasco celebrará una jornada institucional de solidaridad con las víctimas del terrorismo.

[Unas 250 personas se concentraron anoche en San Sebastián para demandar la paz y arropar a las víctimas del terrorismo. Representantes de todos los grupos municipales participaron en esta protesta silenciosa y con velas que el Ayuntamiento que preside Odón Elorza convoca por segundo año].