Las cuentas autonómicas, un debate poco transparente

La victoria del Gobierno catalanista y de izquierdas en Cataluña ha vuelto a abrir el complicado melón de la financiación autonómica. Es decir, el enojoso debate sobre la contribución y el reparto del dinero público entre los distintos Gobiernos autónomos. Un debate técnicamente muy poco transparente, que ha alimentado muchos tópicos, desde el victimismo a las acusaciones de insolidaridad.

El acuerdo alcanzado en 2001 significó cierto avance en la responsabilidad fiscal de las autonomías al aumentar su participación en importantes tributos. En virtud del acuerdo, las comunidades recibirán el 35% del IVA y el 40% o el 100%, según los casos, de los impuestos especiales. Además aumentarán su participación en el IRPF del 30% al 33%. El nuevo escenario permitía a los Gobierno autónomos obtener la mitad de sus recursos de la recaudación de los grandes tributos y que su cuantía estuviera ligada a la evolución de los mismos.

El pacto alcanzado entre el Gobierno y 15 autonomías (siete del PP, seis del PSOE, una de CiU y otra de Coalición Canaria) fue presentado por los nacionalistas catalanes como un gran éxito, exagerando los resultados obtenidos. En realidad el aumento de fondos se limitó a unos 300 millones de euros, la mitad de lo anunciado públicamente y la octava parte de lo solicitado (2.400 millones de euros).

En el mismo momento del acuerdo, el socialista Pasqual Maragall, entonces líder de la oposición en Cataluña, ya advirtió que el pacto no duraría cinco años "por falta de transparencia y poca ambición".

El nuevo Gobierno tripartito considera que los recursos de los que dispone son insuficientes para las necesidades de Cataluña y propone un plan para reducir el déficit fiscal de Cataluña con el Estado en el plazo de 10 años. El plan es alcanzar los mismos ingresos por habitante que las comunidades de régimen foral (País Vasco y Navarra).

Para potenciar los ingresos plantea la necesidad de crear una Agencia Tributaria que recaude todos los tributos en Cataluña que establecerá un sistema de coordinación y consorcio con la Agencia Tributaria estatal.

El Gobierno catalán exige la publicación de las flujos económicos entre las comunidades y el Estado para dar la máxima transparencia a las negociaciones. Aunque no existen datos oficiales recientes, existen numerosos estudios académicos de reconocido prestigio que cifran el "exceso" de déficit fiscal catalán entre 1.500 y 6.000 millones de euros anuales. Este "exceso", causado sobre todo por la falta de inversiones del Estado, es el que habría que cuantificar de forma transparente y reducir en el plazo de 10 años. Todos los trabajos reconocen que Cataluña tiene que ser contribuyente neta pero lo que se discute es la cuantía.