El Defensor del Pueblo critica los baremos para regular a los interinos

El Defensor del Pueblo ha solicitado explicaciones a la Consejería de Justicia y Administraciones Públicas de la Generalitat por el contenido del acuerdo de estabilidad laboral firmado el pasado mes de octubre al entender que vulnera los principios de igualdad y mérito en el acceso a la función pública. La iniciativa del Defensor del Pueblo se produce tras la queja formulada por la Federación de Servicios y Administraciones Públicas de Comisiones Obreras del País Valenciano contra el acuerdo de la Mesa sectorial de la Función Pública de la Generalitat, que ha sido incluido en el articulado de la ley de acompañamiento de los Presupuestos de la Generalitat para 2004.

El acuerdo, firmado por la Administración y los sindicatos UGT, CSIF, Cemsatse y el sindicato de interinos Igeva, pretende resolver los problemas de inestabilidad laboral de los interinos, que suponen en algunos grupos hasta el 35% de los empleados públicos, y de falta de promoción del funcionariado. En su escrito, la institución del Defensor del Pueblo afirma que la baremación otorgada por el tiempo de trabajo en la Administración supone que "los ciudadanos sin experiencia previa en la función pública valenciana no podrán acceder a ninguna plaza de las que se oferten públicamente". "Cualquier persona que nunca haya trabajado para la Administración convocante y obtenga la máxima nota en el examen de oposición, esto es 60 puntos, no podrá ni siquiera igualar al interino que haya trabajado durante sólo cuatro años y seis meses", asegura el escrito remitido por el adjunto segundo del Defensor del Pueblo.

Para la institución del Defensor del Pueblo, "el hecho de que se pueda alcanzar la puntuación máxima por el mérito de experiencia profesional en sólo cuatro años y seis meses, también genera desigualdad entre el propio personal interino o laboral temporal". "Es decir", sentencia el escrito, "a partir de los cuatro años y seis meses no se valora la experiencia". CCOO recalca en su queja al Defensor del Pueblo que la discriminación de la baremación también fue cuestionada por el dictamen del Consejo Jurídico Consultivo a la ley de acompañamiento de Presupuestos.