La Fiscalía abre una investigación al Ayuntamiento de Urnieta

La Fiscalía de San Sebastián ha decidido abrir una investigación al Ayuntamiento de Urnieta en relación con las numerosas irregularidades encontradas por una auditoría privada, cuyo informe constata la existencia de "ilegalidades" en la gestión de las cuentas locales y en contratos de obras y compras. Las presuntas irregularidades fueron cometidas por los responsables políticos de este municipio cuando estaba gobernado con mayoría absoluta por el PNV. La actuación fiscal se produce tras la denuncia presentada por el PSE local ante la Fiscalía Anticorrupción.

El estudio de fiscalización encargado por el propio Ayuntamiento puso de manifiesto la existencia de "ilegalidades" en la gestión de las cuentas locales, falta de rigor en la concesión de subvenciones, insuficiente control interno en los procedimiento de contratación y falta de transparencia en la permuta de terrenos municipales, entre otras irregularidades. El resultado de las auditorías externas se conoció a mediados de marzo pasado y dos meses después su contenido fue puesto en conocimiento de la Fiscalía Anticorrupción por el grupo socialista del Ayuntamiento.

El examen de las cuentas municipales, que sólo comprende el ejercicio de 2001, fue ordenado por el actual alcalde de Urnieta, el peneuvista Florentino Ugalde, quien nada más tomar posesión de su cargo, a comienzos de 2002, adquirió públicamente el compromiso de pedir una auditoría a la vista de las sospechas que levantó la gestión realizada por su antecesora, Maixa Lizeaga, también del PNV y máxima responsable municipal durante el periodo analizado.

La Fiscalía Anticorrupción de Madrid trasladó en julio pasado toda la documentación recogida en las auditorías al Tribunal Superior de Jusiticia del País Vasco, que a su vez la remitió en noviembre a la Fiscalía de la Audiencia Provincial, al entender que era ésta la institución competente para investigar unos hechos ocurridos en su jurisdicción.

El fiscal encargado del caso comunicó por carta el pasado 10 de diciembre que, "en relación con los hechos relatados y remitidos a la Fiscalía Anticorrupción sobre posibles irregularidades cometidas en este Ayuntamiento se han iniciado en esta Fiscalía las diligencias de investigación, habiendo acordado la práctica de diversas diligencias para averiguación del posible ilícito penal denunciado", asegura el escrito del fiscal.

Ausencia de documentación

La actuación del Ministerio Público tratará de determinar si las ilegalidades encontradas por los auditores en el Ayuntamiento de Urnieta son constitutivas de un delito. La empresa privada Z&B Auditores fiscalizó las cuentas del Consistorio y de las sociedades Kulturnieta y Urnieta Eraiki -propietaria de la telefónica local Urnietatel- y encontró un funcionamiento caótico en la gestión de las finanzas locales. El informe concluye que el Consistorio incurrió en "ilegalidades" en materia de contratación de personal, de obras, compras, servicios y permutas urbanísticas. Más allá de las irregularidades detectadas, los autores de la investigación hacen constar en repetidas ocasiones las dificultades a que tuvieron para realizar su trabajo debido a la ausencia de abundante documentación que justifique gastos, operaciones y resoluciones municipales.

No obstante, las auditorías revelan, entre otras cuestiones, que las retribuciones a corporativos con dedicación exclusiva no fueron aprobadas por el pleno municipal, ni el aumento salarial del 4,3% a los funcionarios. También advierte de que una deuda de 202,8 millones de pesetas contraída por el Ayuntamiento con Urnietatel es de difícil o imposible cobro.

Estas averiguaciones han provocado un fuerte desgaste en el equipo de gobierno municipal, hasta el punto de que el PNV, que ha gobernado con suficiencia durante los últimos años, perdió la mayoría absoluta en las pasadas elecciones de mayo.

El PSE-EE de Urnieta, que ha llevado el peso de las denuncias vertidas contra el equipo de gobierno, ha exigido con insistencia que el análisis de las cuentas no se reduzca al ejercicio 2001 y se extienda a los años precedentes para obtener una visión más real de las presuntas irregularidades cometidas en el Ayuntamiento.

Paralelamente a los defectos encontrados por los auditores privados, el Tribunal Vasco de Cuentas Públicas está elaborando, a instancias del grupo parlamentario del PSE-EE, otro informe de fiscalización, cuyo resultado aún está por conocerse.