Habrá una Constitución europea (a pesar de Aznar)

Después del hundimiento de la Conferencia Intergubernamental (CIG), y aunque todos se esfuercen en hacer de la necesidad virtud, asegurando que más vale un no-acuerdo que un mal acuerdo, un grave interrogante se abre sobre el futuro del proyecto europeo. Allí donde la Convención constituyente tuvo éxito, la CIG ha sido un desastre que confirma la ineficacia del procedimiento, agravada por la Presidencia italiana.

El fracaso de Bruselas es una responsabilidad colectiva de todos los jefes de Estado y de Gobierno. Los Parlamentos y la opinión pública de cada país deberán juzgar severamente la del suyo. Pero desde la legitimidad que a los socialistas nos da el apoyo que hemos prestado al nuestro -aun cuando exigiéndole que no vetara la Constitución- tenemos que atribuir a la posición adoptada por el señor Aznar una gran parte de la responsabilidad en lo ocurrido. Aznar ha sido un decidido contribuyente neto al fracaso de la Cumbre de Bruselas. Este es el gran fracaso, el mayor fracaso de Aznar y su Gobierno, Rajoy incluido.

Nunca España había llegado tan sola y aislada como a la cumbre de Bruselas

Nunca España había llegado a una CIG tan sola y aislada, con la amenaza del veto como único recurso, abandonada en buena medida por el amigo británico, y con el Gobierno polaco, jaleado por su extrema derecha, como fundamental aliado.

Desde la opción por Bush en la guerra de Irak y la "carta de los ocho", Aznar ha ido instalando a su Gobierno en la incomunicación con los países y las instituciones motores de Europa, haciendo perder a España la posición central en la formación de mayorías europeístas para avanzar que habíamos construido con buenos resultados desde el ingreso en las Comunidades Europeas el 1 de enero de 1986.

El Gobierno español ha dejado pasar cinco meses sin buscar aliados de peso, y sin pedir nunca -incomprensiblemente- que a España se le restituyeran los catorce escaños en el Parlamento Europeo, que Aznar perdió en Niza.

La pretensión del presidente del Gobierno -expuesta en el debate de ayer en el Congreso- de que la Convención tenía un mandato para cambiar Niza salvo en la parte institucional es sencillamente absurda e imposible. Es olvidar que la Convención abordó un verdadero proceso constituyente para democratizar de raíz la estructura jurídico-política de Europa. Es olvidar que en la Convención -por amplísimo consenso- hemos hecho una Constitución que lo cambia todo, también el reparto del poder. Esta Constitución es de una naturaleza diferente a lo que hasta ahora ha sido una lógica intergubernamental en la Unión. La doble mayoría -Estados y población- fijada en el proyecto de Constitución está en relación con la base de cualquier democracia: los ciudadanos. Por el contrario, el ininteligible reparto de votos en el Consejo de Ministros que se acordó en Niza, de naturaleza intergubernamental, pensado para facilitar minorías de bloqueo, no puede ser la base para una Constitución del siglo XXI.

Y aquí es en realidad donde reside el problema fundamental, que tiene que ver con la diferente visión política de fondo sobre la Unión que unos y otros quieren. El Gobierno de Aznar, desde el primer momento, se vio arrastrado a la Convención y no fue sinceramente favorable a la idea de una Constitución, que implica un salto político cualitativo en la idea de Europa. De este modo, Aznar ha dañado profundamente los intereses de España.

Efectivamente, el peso de un país en Europa no puede medirse sólo por su capacidad de construir minorías de bloqueo, con respecto a las cuales se ha tergiversado lo indecible al comparar el sistema establecido en Niza y el propuesto por la Convención. Por ejemplo, la "vieja Europa" de Rumsfeld o, en sentido contrario, el grupo de países con tradición de neutralidad podían formar una minoría de bloqueo con el sistema de Niza, pero no con el de la Convención.

Ello muestra que hacen falta reglas más democráticas y sencillas para la toma de decisiones, como ha hecho la Convención.

Tras el fracaso de la cumbre de Bruselas, se impone preguntarse: ¿y ahora qué?

Es necesario que la Presidencia irlandesa convoque lo antes posible a la CIG para cerrar un acuerdo sobre la definición de la mayoría cualificada en la lógica del proyecto de Constitución europea, para que ésta pueda ser evaluada por los ciudadanos en las elecciones europeas de junio de 2004 y, en los países donde así se hubiera previsto (como España), votarla en referéndum.

Sería positivo que volviera a reunirse la Convención, para lanzar un mensaje de firmeza a los Gobiernos y de confianza a la opinión pública europea en el sentido de que la Constitución es irreversible.

La movilización de la ciudadanía europeísta, de las instituciones, de los partidos, de los sindicatos, de las ONG, será imprescindible para enfrentarse a quienes, como Aznar, han trabajado para dividir Europa, someterla a la estrategia norteamericana, impedirle avanzar políticamente, reduciéndola a una mera zona de libre cambio. Lo que perdieron estos euroescépticos en la Convención lo han querido recuperar en la CIG a través de la posición de Aznar. No puede extrañar, por eso, que durante el debate celebrado el pasado martes por el Parlamento Europeo sobre la fallida Cumbre de Bruselas quienes únicamente felicitaran de manera calurosa a José María Aznar fueran precisamente los eurodiputados más antieuropeos, por haber contribuido de forma decisiva a bloquear la Constitución.

El PSOE, como hizo en la Convención y durante la CIG, va a apostar con fuerza para que la Constitución europea entre en vigor cuanto antes. Porque es la mejor forma de defender los intereses nacionales, que son los europeos. Para ello, los socialistas debemos situar a la Constitución europea en los primeros lugares de nuestra oferta electoral, tanto en las elecciones generales como en las europeas.

El PSOE es el partido de la Constitución europea; el PP ha demostrado ser el de la división de la UE.

Josep Borrell, Carlos Carnero y Diego López Garrido son diputados socialistas al Congreso y al Parlamento Europeo y miembros de la Convención.