El partido islamista legal de Marruecos denuncia amenazas desde el Gobierno

La salud de Abdelkrim el Jatib, el octogenario que dirige el Partido de la Justicia y del Desarrollo (PJD), la única formación islamista legal en Marruecos, no le ha permitido acudir a la comisaría. La policía se ha desplazado hasta su domicilio para interrogarle sobre una cuenta corriente para recaudar fondos para Palestina que carecería de los permisos preceptivos. Para el partido, lo sucedido es el último episodio del acoso que sufren. Sus dirigentes denuncian abiertamente las amenazas y presiones del Ministerio del Interior, cuyo titular es nombrado por el rey Mohamed VI.

Jatib fundó, a principios de los años noventa, la asociación marroquí de solidaridad con los musulmanes de Bosnia-Herzegovina y abrió, tras cumplimentar numerosos requisitos legales, una cuenta corriente para recaudar fondos. A principios de esta década se empezó a utilizar ese mismo cauce para enviar fondos a la Autoridad Palestina. Aunque seguía siendo el titular, Jatib encargó la gestión de la cuenta a Abdelkader Amara, un joven diputado del PJD. At Tajdid, el diario islamista que dirige Ahmed Raissuni, publicaba anuncios incitando a sus lectores a hacer donativos. Los tres han sido convocados por la Policía Judicial, que actúa a instancia del fiscal del rey.

"No sabemos si se trata de un asunto de rutina, porque la cuenta no cumpliría todos los preceptos legales, o de una posible intimidación", afirma Amara en una conversación con este periódico. No todos los responsables del PJD son tan cautos. Uno de sus principales dirigentes, Mustafá Ramid, se muestra aún dolido cuando recibe en su despacho de abogado a este corresponsal. Acaba de pasar por un trago amargo. En octubre, cuando se reanudó la sesión parlamentaria, fue reelegido presidente del grupo parlamentario islamista, pero dos días después dimitió sin renunciar al escaño.

"Nos contactó", explica Ramid, "un emisario del Ministerio del Interior", cuyo titular, Mustafá Sahel, y su número dos, Fuad Alí Hima, son nombrados directamente por el rey Mohamed VI. "Formuló amenazas veladas. Se nos advirtió de que corríamos el riesgo de romper con el Estado, de mantener una relación tensa con el poder. Quise evitar el choque y renuncié", concluye.

El sacrificio de Ramid, en octubre, o la convocatoria de la Policía Judicial son las últimas tentativas del régimen monárquico de amedrentar y contener a un partido que ha crecido espectacularmente estos dos últimos años, hasta el punto de ser el más votado en las zonas urbanas en las que se presenta a las elecciones.

El ultraconservador PJD, que siempre ha reconocido al rey su carácter sagrado de Comendador de los Creyentes, es la única fuerza de oposición en el Parlamento y en las otras instituciones. Pese a su amplia implantación sobre el terreno, los islamistas legales se presentaron en 2002 en algo más de la mitad de las circunscripciones y fueron, según el resultado oficial, el tercer partido más votado en las legislativas. Hace tres meses sólo concurrieron a los comicios municipales en el 50% de las ciudades, pero allí donde lo hicieron se colocaron, casi siempre, en cabeza.

Esa contención electoral fue, según Ramid, "en parte fruto de una decisión interna del partido", que busca tranquilizar a la opinión pública mientras desde el poder "se le achaca la responsabilidad moral de los salvajes atentados del 16 de mayo". "Las autoridades exigieron que restringiésemos aún más nuestra participación y nosotros lo aceptamos", añade. "Tuvimos que optar entre una mayor popularidad y relaciones tensas con el poder. Elegimos esto último".

La multiplicación de concesiones por parte de la dirección del PJD tiene un riesgo: desilusionar a una parte de sus militantes que podrían sentirse tentados por afiliarse a otras corrientes islamistas mucho más radicales como las que inspiraron los atentados de mayo. Algunos dirigentes del partido se plantean incluso disolver la formación y retirarse de la política.