El Consell pagará hasta el 60% del aeropuerto de Castellón si es preciso

Con su participación directa en el proyecto o al hacerse cargo de los préstamos y la financiación indirecta, la Generalitat acabará por hacerse cargo del 60% del coste del futuro aeropuerto de Castellón, que impulsa el presidente de la Diputación Provincial, Carlos Fabra. De esta manera, lo que se presentó como un proyecto privado, acabará siendo, al final, una obra con recursos mayoritariamente públicos.

La Generalitat Valenciana podría asumir, entre préstamos sindicados y participación directa, el coste de hasta el 60% de la construcción del futuro aeropuerto de Castellón, adjudicado por 127 millones de euros, aunque salió con un precio de licitación de 113 millones de euros. A ese porcentaje hay que añadir las indemnizaciones que cobraría la empresa adjudicataria en el caso de que, por causas ajenas a la misma, se paralizase la obra. En ese caso, se pagará a la empresa, 6 euros por cada uno de los 600.000 viajeros que no llegue a Castellón en 2007, es decir, si no se cumplen las previsiones de la constructora y explotadora de las instalaciones privadas.

En cualquier caso, FCC, Lubasa y PGP (que forman la unión temporal de empresas a la que se adjudicó el proyecto que abandera el presidente de la Diputación, Carlos Fabra) sólo asumirán el 40% del coste de la obra, mientras dejan en manos de la Administración autonómica los riesgos que conlleven tanto las posibles dificultades en la construcción como el incumplimiento de las previsiones de explotación.

El consejo de administración de la sociedad Aeropuerto de Castellón, SL, aprobó ayer la autorización para la firma del contrato que, horas después, selló dicha sociedad y la UTE adjudicataria. "Tenemos un informe que señala que no existe inconveniente legal para firmar este documento", aseguró Fabra, en referencia a un documento remitido por Garrigues Abogados, poco antes de formalizar el mismo.

El presidente de la Diputación explicó que la Generalitat Valenciana avalará, a través del Instituto Valenciano de Finanzas, un préstamo participativo para la construcción del aeropuerto que se solicitará a la Caja de Cataluña y el Banco de Sabadell por un valor de 44 millones de euros. La Generalitat correrá con los gastos del pago de intereses y las amortizaciones, a un tipo de euribor más el 0,7% y un plazo de 25 años con cinco de carencia, con lo que el coste total del préstamo será de 60 millones de euros.

Carlos Fabra aseguró contar con un "compromiso escrito" de Bancaixa y de la CAM que asegura su entrada, como socios, en el proyecto. Las cajas entrarían, en el caso de que así lo aprueben, con una participación del 15%, cada una, de la sociedad que construirá y explotará el aeropuerto. Pero el contrato señala que, en el caso de que finalmente las cajas opten por rechazar la operación, la Generalitat garantiza, a través de la Sociedad de Proyectos Temáticos de la Comunidad Valenciana, la asunción de ese 30%, pasando, de esta manera, no sólo a financiar sino también a participar en el proyecto.

Además, será la misma Administración autonómica la que se haga cargo de las posibles indemnizaciones que se deriven de la paralización de las obras por causas "no imputables a la constructora", mientras los propietarios del suelo mantienen sus litigios por el precio al que se ha pagado un suelo rústico que se recalificará, en algunos casos, hasta terciario.