Montajes y chantajes

El pasado día 15, cuando llevábamos mucho tiempo sin que la cuestión de la financiación autonómica apareciese en los medios, la Sra. Martínez nos ha sorprendido con unas declaraciones en las que reconoce que el Gobierno central debe dinero a Andalucía por el sistema de financiación autonómica 1997-2001, unos 2.500 millones de euros (420.000 millones de las antiguas pesetas). Si bien no es extraño que la Sra. Martínez se dedique a pisar charcos, sí resulta algo sorprendente que de repente se meta de lleno en el pozo que para el PP significa la deuda del Gobierno por los 400.000 andaluces desaparecidos en la financiación autonómica.

Analizando por qué ha sacado a la palestra esta cuestión, que su partido siempre ha pretendido soslayar por el desgaste político que les supone, la primera y más benévola explicación podría ser que, dado que en la última sesión del Parlamento de Andalucía el presidente Chaves le reprochó que jamás ni ella ni su partido habían defendido los intereses de los andaluces frente al Gobierno del Sr. Aznar, ni con motivo de la inversiones (metros, AVE, carreteras, etcétera) ni cuando se han tomado medidas que favorecen el bienestar social de los andaluces y que el Gobierno Aznar se dedica a recurrir (complemento a pensiones, investigación con células madre, etcétera), ni por supuesto cuando hemos tenido que reclamar fondos al Gobierno (400.000 andaluces, fondos europeos, deuda histórica, etcétera), la Sra. Martínez hubiese visto herido su discurso de "revolucionaria de salón vips" y se sintiese forzada a reaccionar, sacando a colación un tema de discordia en el que tuviese posibilidad de hacer ver que reclama algo a Madrid.

Sin embargo, no son precisamente las heridas en su inexistente andalucismo algo que provoquen a la Sra. Martínez, de ahí que tal vez sea más apropiado leer entre líneas para buscar un porqué a estas, en principio, extrañas declaraciones. Una primera lectura nos aconseja remitirnos a la dinámica judicial. En efecto, los primeros recursos ante el Tribunal Constitucional sobre la financiación se interpusieron hace ahora unos siete años. Quiere ello decir que en breve van a comenzar a salir sentencias de particular relevancia política, referidas a los 400.000 andaluces desaparecidos de la financiación. Si el Constitucional otorga la razón a la Junta de Andalucía todo el discurso del PSOE sobre la discriminación de Andalucía habrá obtenido no ya el eco en la conciencia de los andaluces (más del 60% de los andaluces piensa que el Gobierno de España discrimina a Andalucía) sino también la ratificación del Tribunal Constitucional.

Quiere decir lo anterior que comienza a ser imperioso para el PP que el Gobierno llegue a un acuerdo sobre la financiación adeudada a Andalucía pues, de lo contrario, agotado el plazo de gracia que otorga la lentitud del Constitucional, habrá adquirido carácter de realidad legal la discriminación del PP a Andalucía. Es precisamente por esto por lo que de una forma extemporánea aparecen esas declaraciones de la Sra. Martínez, en las que soporta el coste de reconocer una parte de la deuda del Gobierno con Andalucía para proponer un acuerdo que implique la retirada inmediata de los recursos, especialmente los planteados ante el Tribunal Constitucional.

Además, si seguimos analizando resulta que todo es un montaje mediático-político para vendernos el mismo caballo con distinta montura. En efecto, la cifra de 2.500 millones de euros dista mucho de los 4.625,6 millones de euros en los que cuantifica la deuda la Junta de Andalucía. Dicha diferencia podría encontrarse en que la solución propuesta por el PP consistiría en aceptar el modelo que estuvo vigente para el resto de comunidades, lo que implícitamente conllevaría renunciar al reconocimiento del censo real de Andalucía para ese periodo. Es decir tapar mediante la apariencia de un acuerdo lo que en realidad sería lisa y llanamente la aceptación del modelo y en consecuencia la claudicación de Andalucía ante el atropello que en su día cometieron el Sr. Aznar y su brazo ejecutor el Sr. Rato, padrino político de la Sra. Martínez.

No obstante, lo que en principio es un intento de montaje, necesario por las eventualidades judiciales, se transforma en fiasco cuando a la Sra. Martínez se le calienta la boca, permitiéndose una de esas alegrías a las que nos tiene acostumbrados y que la colocan, día si día no, al borde del suicidio político en Andalucía, afirmando que esa cantidad se pagará a los andaluces cuando la voten a ella como presidenta de la Junta. Es decir, nos hace un chantaje político a los andaluces sobre la siguiente base: Andaluz, si quieres que te pague lo que te debo, vótame. Chantaje que tiene una inmediata respuesta: Para cobrar, no votes a herederos de Aznar.

¡Que habrá hecho la derecha para merecer estos candidatos!

Luis Ángel Hierro es profesor de la Universidad de Sevilla y diputado socialista en el Parlamento de Andalucía.