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EL FUTURO GOBIERNO DE CATALUÑA

La izquierda lanza un programa común de 500 medidas para "cambiar" Cataluña en cuatro años

El tripartito actualizará los conciertos educativos y rescindirá los que incumplan la normativa

El nuevo Gobierno de la izquierda plural en Cataluña estará compuesto por formaciones de tradiciones muy distintas, pero dispondrá de un extenso programa común, acordado al detalle y que afecta a todos los ámbitos de gobierno para tratar de blindar su estabilidad. El programa común de la izquierda catalana consta de casi 500 medidas concretas para aplicar en los próximos cuatro años. La coalición se propone cambiar Cataluña dándole un barniz progresista después de 23 años de gobierno conservador dirigido por Jordi Pujol y Convergència i Unió, y quiere remitir a las Cortes su propuesta de reforma del estatuto antes de la primavera de 2005.

Lo que sigue es un amplio resumen del documento pactado por el Partit dels Socialistes (PSC) y Esquerra Republicana (ERC), que ya recoge parte de las demandas de Iniciativa per Catalunya Verds (ICV), un texto pendiente aún de la última revisión de los tres partidos.

El pacto tripartito prevé un acuerdo para reducir la temporalidad en el empleo
El nuevo Estatuto deberá ser presentado a las Cortes antes de la primavera de 2005
Las pensiones no contributivas serán complementadas hasta el 80% o 100% del salario mínimo
El nuevo Gobierno consagra la educación como su prioridad
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ECONOMÍA

- Eurorregión. Una de las prioridades será la creación de una región europea de 17 millones de habitantes que incluye Cataluña, Aragón, Islas Baleares, Comunidad Valenciana y el Rosellón francés. El objetivo es básicamente económico, de impulso de nuevas infraestructuras que ponga fin a la "visión centralizada y radial" en España y de apoyo a la internacionalización de la empresa catalana, uno de los objetivos del nuevo Ejecutivo.

- Ocupación y Trabajo. Promoción de un gran acuerdo con los agentes sociales, reducir la temporalidad en la contratación y establecer un marco catalán de negociación colectiva. El nuevo gobierno reclamará el traspaso de recursos para la inspección laboral, incluyendo el cuerpo de inspectores.

- Comercio. Recuperación del marco horario de aperturas de 72 horas semanales y ocho festivos anuales.

- Peajes. Introducir medidas "que igualen la proporción de vías rápidas gratuitas y de peajes" con el resto de España. Se exige al Gobierno central que asuma las subidas producidas por el aumento del IVA del 7% al 16% y suprimir gradualmente los peajes "que afecten la movilidad cotidiana" de entrada a las grandes ciudades.

- Cajas de ahorros. El documento aboga por la estabilidad y el apoyo del actual modelo y se apuntan reformas legislativas "para preservarlo y consolidarlo" y para "evitar las interferencias legislativas invasivas de las competencias autonómicas recientemente producidas desde el Gobierno del Estado".

- Universidades. Incrementar los recursos de las universidades públicas en un 30% "en términos reales y de forma progresiva" durante el periodo 2004-2010.

- Sociedad de la información. Construcción en cuatro años de una red troncal de fibra óptica, una interurbana y una urbana, para hacer llegar la banda ancha a toda Cataluña.

- Investigación. Plan de Investigación e Innovación 2004-2007 que triplique las partidas dedicadas a este efecto hasta situarla en el 2% del PIB.

AUTOGOBIERNO

Las izquierdas catalanas aspiran a incrementar el techo del autogobierno a través de la reforma del Estatuto y abrir el debate hacia la España plural a partir de una matriz federal.

- Reforma del Estatuto. Se abordará en una ponencia conjunta del Parlamento y se intentará contar el apoyo más amplio posible de la Cámara. El calendario fijado es remitir a las Cortes el proyecto antes de la primavera de 2005 y se ha previsto incluso qué hacer si éstas lo rechazan: "La ciudadanía será llamada a pronunciarse mediante el procedimiento de consulta general que se estime más oportuno".

- Más competencias. Entre las demandas de mayor autogobierno que reclamará el nuevo Ejecutivo destacan las siguientes: que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sea la última instancia judicial en los asuntos que afectan a Cataluña, que la Generalitat "se convierta progresivamente en única administración responsable de las competencias autonómicas y estatales" y utilizar el artículo 150.1 de la Constitución para aumentar el techo competencial, singularmente en el ámbito de la inmigración.

- Presencia internacional. Las izquierdas quieren utilizar todas las vías legales para que Cataluña -y las comunidades autónomas que lo deseen- participen en las instituciones europeas cuando se aborden asuntos de competencia autonómica. También quieren promover la presencia de la Generalitat en organismos como la Unesco y la Organización Mundial del Turismo.

FINANCIACIÓN

Ha sido uno de los grandes escollos de las negociaciones y la gran esperanza de la izquierda catalana para impulsar sus nuevas políticas sociales. El acuerdo incluye la denuncia del actual modelo -acordado en 2001- y avanzar hacia un sistema que aumente los recursos de Cataluña sin poner en peligro el régimen común. La propuesta consta de un decálogo, entre los que se encuentra la creación de una Agencia Tributaria que recaudaría los tributos en coordinación con la agencia estatal (véase EL PAÍS del 10 de diciembre).

POLÍTICA SOCIAL

- Igualdad. Implementación de un Plan de Acción para la Igualdad de Oportunidades para Mujeres, con presupuesto propio y evaluación externa y aprobación de una ley que la impulse. El nuevo Gobierno también impulsará una ley de prevención y erradicación de la violencia de género y se propone regular la prostitución y dar cobertura.

- Bienestar Social. Se redactará una Ley de Servicios Sociales que garantice la universalización de los servicios sociales. Entre las prioridades del extenso programa social del nuevo gobierno destaca el compromiso de complementar por ley, desde el primer año de la legislatura, las pensiones no contributivas con el objetivo de situarlas entre el 80% y el 100% del Salario Mínimo Interprofesional. También se adoptan, entre otros, compromisos de apoyo a la vivienda de alquiler y a los jóvenes, entre las que destaca un compromiso de la Administración de "evitar la contratación a través de Empresas de Trabajo Temporal por parte de la Administración".

- Cooperación. Compromiso solemne de destinar el 0,7% de los impuestos propios de la Generalitat a la cooperación internacional durante esta legislatura. En el horizonte de 2010, se prevé el 0,7% de todos los ingresos.

- Gays y lesbianas. El nuevo gobierno se propone "equiparar las parejas de hecho, con independencia de su orientación social, en el conjunto de ayudas de apoyo a la familia e impulsar reformas legislativas en las Cortes para regular el derecho de matrimonio y adopción de los homosexuales".

SALUD

- Ley de Calidad. La izquierda quiere una nueva ley para que el modelo sanitario "priorice la promoción y la protección de la salud, la prevención de la enfermedad, la asistencia sanitaria y la adaptación del sistema a las enfermedades crónicas". Para ello creará también la Agencia de Salud Pública de Cataluña y, entre muchas otras propuestas, pretende "dar apoyo y cobertura legal y científica al uso terapéutico del cannabis.

- Visitas de diez minutos. Los centros de Atención Primaria se convertirán en el "centro del sistema sanitario". El gran reto es elevar el tiempo de las visitas desde los seis minutos actuales hasta un mínimo de diez minutos.

- Listas de espera. El nuevo Gobierno tendrá como prioridad establecer tiempos máximos de listas de espera inferiores a seis meses para intervenciones quirúrgicas de enfermedades "no graves" y hacerlas más transparentes con "registros centralizados".

- Transparencia y eficiencia. Introducir criterios en la organización del sistema basados en la calidad y la eficiencia.

EDUCACIÓN

El acuerdo subraya que la educación será la "prioridad central" del nuevo Gobierno y propone un "cambio de rumbo" a la política educativa.

- Ley Catalana. Impulsará cinco acuerdos básicos: con los ayuntamientos, con las familias, con los profesores, con las escuelas financiadas con fondos públicos para "compartir responsabilidades" y con la comunidad educativa.

- Más inversión. Compromiso de dar prioridad en los presupuestos a las partidas para Enseñanza para igualar el gasto a la media europea en seis años.

- Conciertos. Revisión de los conciertos y establecimiento de una "normativa clara de derechos y deberes". El nuevo Gobierno "actualizará los conciertos de las escuelas que cumplan la normativa y rescindirá los de las escuelas que la incumplan".

- Matriculación. Creación de oficinas únicas de matriculación, cogestionadas por los ayuntamientos. Éstos asumirán el proceso de admisión de alumnos.

- Red única. Aunque en el sistema educativo catalán conviven las escuelas públicas con las concertadas -que se nutren en parte de fondos públicos-, el Gobierno de izquierdas quiere evitar la "dualización" y garantizar la igualdad de oportunidades: avanzará "hacia una red integradora de todos los centros sostenidos con fondos públicos [incluye los concertados] para evitar la dualización del sistema educativo, asegurando un servicio sin ninguna discriminación y con un nivel de calidad satisfactorio. También prevé un plan de choque para la escuela pública.

- Religión. El Ejecutivo aspira a modificar la normativa actual de enseñanza de Religión -"debe situarse en el ámbito familiar y de la comunidad religiosa"- y sustituirla por Cultura Religiosa.

CULTURA Y LENGUA

- Doble presupuesto. En cuatro años, el Departamento de Cultura doblará su presupuesto hasta alcanzar el 2% del de la Generalitat.

- Consejo de la Cultura. La izquierda quiere recuperar el consenso cultural que impulsó Joan Rigol a principios de la década de 1980 y para ello creará por ley el Consejo de la Cultura y las Artes. Será el instrumento para garantizar la participación del mundo de la cultura, a la vez que su autonomía y su pluralidad.

- Uso del catalán. La Política Lingüística "priorizará el uso social del catalán, centralmente en el comercio y el etiquetado" a través de "medidas de acción positiva", entre las que incluye las compras de la propia Generalitat. El acuerdo propone reformar la Ley de Política Lingüística, aunque utiliza una fórmula muy moderada: "Evaluar el cumplimiento de la Ley de Política Lingüística para asegurar que se adapta a la realidad social y, en consecuencia, modificar los aspectos que se hayan revelado inoperantes". Dentro del programa de Enseñanza se incluye reforzar el uso del catalán como idioma vehicular, "con especial énfasis en el ciclo secundario".

TRANSPARENCIA

- Oficina Anticorrupción. La Sindicatura de Cuentas -el equivalente catalán al Tribunal de Cuentas- verá reforzadas sus atribuciones y albergará una Oficina Anticorrupción. Su objetivo será "preservar la transparencia y el funcionamiento ético del sistema público" y "evitar las prácticas irregulares en las concesiones y contrataciones de bienes y servicios del sector público".

- Casos pendientes. En la legislatura pasada, el bloque CiU-PP impidió crear siete comisiones de investigación reclamadas por la izquierda, entre ellas la referente al caso Pallerols de presunta financiación irregular de Unió Democràtica. Antes de que acabe 2004 el Gobierno deberá informar al Parlament sobre todos estos casos, así como de las concesiones que ha aprobado en los últimos dos años.

- Contrataciones. Todos los contratos públicos del Gobierno serán públicos a través de Internet. Además, el Ejecutivo publicitará las condiciones retributivas de su personal, incluidos los asesores.

La versión íntegra del acuerdo puede consultarse en www.elpais.es

Josep Lluis Carod, en la reunión de la ejecutiva de Esquerra que aprobó la formación de un Gobierno de progreso.
Josep Lluis Carod, en la reunión de la ejecutiva de Esquerra que aprobó la formación de un Gobierno de progreso.CARLES RIBAS
Los socialistas Ernest Maragall, a la izquierda, y José Montilla.
Los socialistas Ernest Maragall, a la izquierda, y José Montilla.CARLES RIBAS

Revisión de licencias de radio y televisión

Las izquierdas se proponen dar marcha atrás en la política que en los últimos dos años ha seguido el Ejecutivo en los medios de comunicación audiovisuales públicos y regresar al consenso del inicio de la legislatura.

El Consell de l'Audiovisual de Catalunya (CAC) será reforzado y se le hará un encargo "urgente": "Analizar la validez jurídica y normativa de las concesiones de licencias otorgadas, de manera provisional o efectiva, en los dos últimos años".

El nuevo gobierno también quiere elaborar y aprobar una ambiciosa Ley Catalana del Audiovisual y reformar la ley que regula la Corporación Catalana de Radio y Televisión con el objetivo de "blindar su independencia y profesionalidad y la de sus medios respecto al Gobierno". Para ello se pretende establecer un mecanismo "permanente y transparente de financiación".

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