La presidencia italiana plantea soluciones para todos los problemas menos para el rechazo español

La presidencia de turno de la UE, Italia, presentó ayer una batería de propuestas de compromiso que presentará a la cumbre de líderes del viernes y sábado en Bruselas para intentar cerrar la primera Constitución para Europa. El documento será completado con otro relativo expresamente al reparto del poder. En ambos se aportan soluciones y arreglos para quejas de una decena de países o instituciones, pero ninguna para el frontal rechazo de España al sistema de doble mayoría por el que el voto de cada país en el Consejo de la Unión estará en relación directa con su población.

En el documento italiano se indica, por ejemplo, que la desaparición del derecho al veto en decisiones sobre cooperación judicial europea tendrá en cuenta "las tradiciones y sistemas jurídicos" de los países, "y especialmente los sistemas llamados common law". Por tanto, a Londres, como exigía, no se le podrá exigir que cumpla determinadas decisiones tomadas por mayoría. El veto también desaparece en la lucha contra el fraude fiscal, pero la norma, se añade ahora, "no afecta a los regímenes fiscales de los Estados".

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En defensa, Italia aclara ahora que la avanzadilla o grupo de países que quiera ir más lejos en ese terreno, la llamada "cooperación estructurada", queda abierta a todo el que quiera participar (como querían España y Reino Unido). Los participantes suscribirán una cláusula de defensa mutua, pero "no afecta al carácter específico de la política exterior y de seguridad de determinados Estados". (Exigencia de los neutrales Suecia, Irlanda, Finlandia y Austria).En aspectos de seguridad social también desaparece el veto, pero un Estado puede reclamar que se devuelva el proyecto legal para su modificación (Alemania y Reino Unido).

Al Consejo de Ministros de Finanzas (Ecofin) se le dan dos satisfacciones. En contra del proyecto inicial, la Eurocámara ya no tendrá la última palabra al aprobar los presupuestos anuales de la UE porque el Consejo de la UE podrá devolver todo el proyecto. Además, las perspectivas financieras plurianuales, que incluyen el reparto de los fondos europeos, seguirán aprobándose por unanimidad tras la entrada en vigor de la Constitución. Por tanto, las correspondientes al periodo 2007-2013, pero, después, será el Consejo el que decida por unanimidad si las pasa a mayoría. Pese a lo que parezca, no es un favor a España, sino a los países contribuyentes netos, como Alemania u Holanda.

Los países que incumplan el Pacto de Estabilidad podrán acabar ante el Tribunal de la UE (lo pidió Holanda en su día). Las funciones del Banco Central Europeo (BCE) ya no podrán cambiarse por iniciativa del Consejo, sino mediante un cambio del Tratado.

Italia anunció también que propondrá que siga habiendo un comisario por país (exigencia de los candidatos y los pequeños) hasta 2014. Todo una pista para deducir que el nuevo reparto de poder, si finalmente se pacta, entraría en vigor ese año y hasta entonces se aplicaría el del Tratado de Niza, que tanto satisface a España y Polonia. Por ahí asoma el posible compromiso para España, siempre que acepte el principio de la doble mayoría, y quizás con una elevación del umbral de población (60%) necesario para tomar decisiones.

* Este artículo apareció en la edición impresa del martes, 09 de diciembre de 2003.

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