El fiscal de Gescartera cree que hay que citar a ex cargos de la CNMV

Vicente González Mota, fiscal Anticorrupción encargado del caso Gescartera, considera que habrá que citar a los ex altos cargos de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV) para que expliquen el papel que desempeñó el organismo regulador en el supuesto fraude. Ésa es una de las diligencias "pendientes" antes de que la juez Teresa Palacios concluya la instrucción de la causa, que ya camina hacia su tercer año.

La mayoría de los abogados defiende que el proceso debería concluir para transformarse en procedimiento abreviado y formular los correspondientes escritos de acusación antes del verano.

Gescartera está en su tercer año de instrucción y con el principal imputado, el propietario de la agencia, Antonio Camacho, en prisión preventiva. Los cerca de 100 millones de euros invertidos por los clientes de Gescartera no han aparecido. La instrucción de la causa está muy avanzada -casi 33.000 folios en 93 tomos de la pieza principal, a la que hay que sumar los ingentes volúmenes de documentación, especialmente bancaria, y otras piezas separadas-, aunque falta mucho por hacer, según varios abogados.

Aún tienen que concluirse los informes periciales pendientes. Los peritos del Banco de España, que siguen la pista del dinero, emitieron el 13 de marzo un informe provisional con el 98,4% de los movimientos de los fondos de Gescartera analizados. El análisis del 1,6% restante supone el estudio de movimientos por 104 millones de euros. También está por concluir el informe de la Agencia Tributaria, que realiza un seguimiento de las inversiones. El problema con que se encuentran unos y otros es que con anterioridad al 1 de enero de 1998 no existe información significativa porque los bancos no tienen obligación de conservar los justificantes de las operaciones.

Para el fiscal González Mota, la instrucción se tiene que pronunciar sobre cuatro cuestiones: ¿Quién se llevó el dinero?, ¿qué responsabilidad tienen los intermediarios financieros y los bancos?, ¿qué responsabilidad tuvieron los testaferros utilizados por Gescartera? y ¿qué papel desempeñó la CNMV?

Valiente, Armesto y Ramallo

El fiscal pidió en septiembre de 2001 que declararan José Manuel Barberán López, consejero hasta el 27 de diciembre de 2000 (y hoy letrado en el Tribunal de Cuentas); Antonio Alonso Ureba, secretario de la CNMV hasta el 31 de enero de 2000 (ahora secretario general y del consejo de administración de Telefónica); Juan Carlos Basallote Ureba, director general de Entidades, y Antonio Botella, director general de Supervisión, ambos destituidos tras el escándalo.

La Fiscalía no ha pedido todavía las comparecencias de los ex presidentes de la CNMV Pilar Valiente y Juan Fernández Armesto, así como la del ex diputado del PP y ex vicepresidente de la Comisión Luis Ramallo. Las citaciones de Ramallo y Valiente, y las de todo ese consejo de la CNMV, son "esenciales, y aunque sea como testigos, tendrán que comparecer", asegura Leopoldo Torres, que ejerce la acusación en nombre del PSOE. "Sus actos pueden haber facilitado la comisión del delito. Si se hubiera actuado con diligencia, Gescartera hubiera dejado de existir mucho antes, por lo que es esencial que den explicaciones". De esa opinión es Andrés Vilacoba, que representa a diez perjudicados y que fue el primero que en agosto de 2001 solicitó la comparecencia de los altos cargos de la CNMV. "La juez me contestó que esperaría a que acabaran los peritos".

Vilacoba, quien también ha solicitado la comparecencia de Valiente, Ramallo y compañía en el proceso abierto en la Sección Sexta de lo Contencioso Administrativo por responsabilidad de la administración por anormal funcionamiento de los servicios públicos, ya que la CNMV es un organismo público. Este letrado, sin embargo, no cree que las cosas vayan tan rápido y duda de que la instrucción esté terminada antes del próximo verano. "Es infernal y al paso que vamos dará de comer a mis hijos cuando sean abogados", precisa Vilacoba, que entiende que no ha pasado todavía por el juzgado la auditora, que puede haber incurrido en negligencia, lo que daría lugar a que afronte la responsabilidad civil y los perjudicados algo podrían cobrar".

Carlos Aguilar, que ejerce la acusación en nombre de Manos Unidas, entiende que los cargos de la CNMV tienen que declarar. Juan Carlos Rodríguez Vales, que representa a la Mutualidad de la Policía, que reclama más de nueve millones de euros, cree que todavía falta mucho. "No aparece el rastro del dinero, lo que dificulta formular acusación", dice Rodríguez Vales, quien también demandó a la CNMV por mal funcionamiento de los servicios públicos.