A las duras y a las maduras

Endesa, Unión Fenosa, Hidrocantábrico y Viesco han desenterrado el hacha de guerra contra Iberdrola cuando ésta ha exigido el cumplimiento del Protocolo de Kioto, y han criticado al Gobierno español por la forma en que negoció con la Unión Europea las emisiones máximas de CO2 que le correspondían a España.

Argumentan que a la hora de repartir las cuotas de emisiones entre los países de la Unión, éstas se repartieron esencialmente de manera proporcional a las emisiones absolutas que se producían en el año 1990, mientrasque ellos opinan que debieran haberse repartido dando los mismos derechos de emisión para cada habitante de la UE, un sistema que sin duda alguna es más justo.

Este principio de equidad de derechos de emisión, dado que las emisiones medias per cápita españolas son inferiores a la media europea, daría a España el derecho a emitir una cantidad global superior a la obtenida con el sistema de cálculo de derechos de emisión históricos finalmente aplicado, y de ahí el interés por defender esta posición por parte de la mayoría de las empresas eléctricas españolas que son muy contaminantes.

Lo interesante de esta argumentación es que considerando la escala global del problema del cambio climático se introduce una reflexión que no han considerado nuestras empresas eléctricas. La emisión de CO2 media española es muy superior a la media mundial y desde luego mucho mayor que la recomendada por el IPCC (panel científico de referencia en temas relacionados con cambio climático) para que no aumente la cantidad de CO2 en la atmósfera y se frene por tanto la aceleración del cambio climático.

España durante decenas de años ha estado emitiendo más de lo que le correspondería, unas emisiones que contribuyen al cambio climático cuyas consecuencias también reciben y recibirán durante años la mayoría de la población mundial que vive en países que emiten mucho menos y que por ende son los más empobrecidos (un 20% de la población situada en los países más ricos emite un 60% del total de las emisiones).

Si consideramos que todos los habitantes tenemos los mismos derechos de emisión, que deberíamos emitir las cantidades recomendadas por el IPCC, y que eliminar una tonelada de CO2 de la atmósfera cuesta aproximadamente 20 dólares (valor de referencia de, por ejemplo, el Banco Mundial en algunos de sus proyectos de reducción de emisiones) resulta que al haber emitido excesivamente durante decenas de años sin poner remedio nos hemos ahorrado aproximadamente 12.000 millones de dólares, perjudicando a los países más empobrecidos y menos emisores.

¿Estarán dispuestas las eléctricas también a reconocer, tomar las medidas para evitar que aumente y saldar esta deuda ecológica, de las cuales son en buena parte responsables?