Almería Acoge denuncia el envío a la provincia de inmigrantes detenidos en Melilla y Canarias

El director de Almería Acoge, Juan Miralles, denunció ayer que a lo largo de todo el año Roquetas de Mar ha estado recibiendo inmigrantes, todos subsaharianos, procedentes de Melilla y Canarias. Según los datos de la ONG, sólo en Roquetas de Mar hay 262 inmigrantes con expedientes de expulsión procedentes de estos lugares. El director de Almería Acoge asegura que "el Gobierno, cuando quiere descongestionar Ceuta, Melilla o Canarias paga el viaje a los inmigrantes a la Península", lo que provoca que lleguen en barco hasta Almería y se desplacen a municipios como el roquetero.

Miralles asegura que este último fin de semana han llegado a Roquetas más de 20 inmigrantes, una situación que se repite periódicamente porque, según denuncia, Melilla está saturada y se hacen listas abiertas para que los inmigrantes con expediente de expulsión se apunten en ellas y hacer traslados hasta Almería en grupos de entre 20 y 30 personas. El director de la ONG asegura que esos traslados los está haciendo el Gobierno "por su cuenta y riesgo" con el propósito de "renovar las órdenes de expulsión".

Miralles insiste en que "si no se va a documentar a una persona, ni se le va a dar trabajo, lo que tiene que hacer el Gobierno es llevarla a su país y no dejarla aquí". La situación ha sido denunciada en reiteradas ocasiones por la ONG. "No hay dispositivos de acogida, lo que genera exclusión social, y está obligando a que la gente tenga que hacerse cargo de estos inmigrantes, que acaban durmiendo en el suelo y hacinados con otros compatriotas que los acogen", afirma Miralles.

Las colas en Cáritas Parroquial de Roquetas de Mar son cada día más largas, precisamente por la situación que se está generando con la llegada de subsaharianos derivados de otras provincias, y las 30 plazas que Almería Acoge tiene en Roquetas de Mar para la acogida de inmigrantes financiadas por el Inserso son, según el director de la ONG, del todo insuficientes.

Para Miralles, el Gobierno es el primer obligado en cumplir lo que ha dictado e incluso apunta que "habrá que estudiar la responsabilidad de la naviera que los traslada hasta Almería". "Esto no fomenta respeto a los derechos humanos básicos. El que llega aquí piensa que tiene algo, y lo que tiene es una orden de expulsión", continúa Miralles, quien añade que "hay pruebas reales y constatables de que estos inmigrantes no vuelven a su destino, porque en muchos casos no tienen ni pasaporte".

Miralles teme que la situación llegue a extremos incontrolables y asegura que en Almería se están ya reabriendo cuevas que el Ayuntamiento había cerrado, en la zona alta de La Fuentecica o en la Cueva de las Palomas.