Un paso más

Estamos en el comienzo de un nuevo ciclo político, marcado por la cita con las urnas y un debate intenso sobre la estructura territorial del Estado, la Reforma de los Estatutos, la ampliación y constitución europea, las consecuencias y condicionantes de la globalización neoliberal en el desarrollo de los pueblos.

En efecto, el mundo está asistiendo a cambios espectaculares, con nuevas realidades como son la integración y la ampliación de la UE, y la redacción de su Constitución, el fenómeno de la inmigración, los efectos de la globalización neoliberal, las nuevas demandas sociales, el nivel de exigencia ética a los representantes públicos en las Instituciones, la calidad democrática, la reestructuración territorial del Estado, la garantía en el cumplimiento de los derechos humanos, los temas medioambientales y ecológicos, etcétera. Todos ellos son aspectos que justifican, en nuestra opinión, las reformas necesarias para un nuevo Estatuto y un nuevo ordenamiento constitucional.

Hace 25 años votamos sí a la Constitución y contribuimos con decisión al logro del Estatuto de Autonomía andaluz, que marcó un peldaño decisivo en el proceso autonómico del Estado, haciendo posible construir el mapa autonómico actual, demostrando que la voluntad democrática de la ciudadanía era un título tan válido, aún mayor, como la historia, la lengua o el sentimiento de identidad. La Constitución y el Estatuto han servido en estos años -a pesar de las dificultades- para encauzar la vida democrática de la sociedad española y andaluza, para avanzar en el camino del bienestar. Tras 22 años de autonomía, los ciudadanos y ciudadanas de Andalucía necesitan de nuevos instrumentos, de más competencias y recursos para afrontar el reto de nuevos desafíos colectivos como pueblo, para afrontar los problemas sociales, económicos, ecológicos de este principio del siglo XXI sobre la base de la igualdad y la solidaridad.

Lamentablemente, ahora estamos viviendo una situación política que, a nuestro juicio, se aleja de forma preocupante de aquella que permitió en 1978 alcanzar el acuerdo constitucional.

El PP está instalado en la prepotencia, la intolerancia, el delirio patriótico y constitucional, la crispación, la negación del diferente y, desde su incapacidad de diálogo, criminaliza, insulta, sataniza a quienes plantean reformas estatutarias y constitucionales, impidiendo un marco de reflexión serena para abordar la nueva España y la nueva Andalucía del siglo XXI. El PP olvida que la Constitución consagra y reconoce una nación española cuya unidad es compatible con el derecho a la máxima autonomía de las nacionalidades y regiones que la integran. Nada aleja más a España de su unidad que la imposición y el neocentralismo del PP.

Por otro lado, el PSOE mantiene posiciones contradictorias respecto a la modificación de la Constitución y de los Estatutos autonómicos de los distintos territorios. Chaves, por ejemplo, viene anunciando desde hace dos años la posible reforma del Estatuto, pero condicionada a no tocar el título VIII de la Constitución y a lograr un consenso imposible con el PP. Por tanto, plantea una reforma insuficiente y descafeinada que sólo afectaría al Senado y a competencias delegadas vía artículo 150.2 de la Constitución.

En cualquier caso, una cosa es que la Constitución española y los Estatutos sólo puedan ser reformados por un amplio consenso y otra muy distinta que, tras 25 años, no se pueda cambiar ni una coma, ni un artículo, ningún título.

IU LV-CA apuesta por profundizar en el autogobierno, reformando el Estatuto, garantizando la cohesión social y afrontando, con un mejor instrumento y en mejores condiciones, los nuevos retos de futuro de la sociedad andaluza. La reforma que planteamos pretende hacer del Estatuto un instrumento jurídico-político actualizado al servicio de la consecución de una Andalucía sin desigualdades, una ciudadanía plena, unos ciudadanos andaluces -hombres y mujeres- libres, responsables de su destino, activos, que deliberan y participan en sus instituciones y deciden su futuro.

Plantear esta reforma supone asumir con valentía la responsabilidad de proponer las medidas concretas y específicas para alcanzar mayor autogobierno y las máximas cotas de progreso, libertad, igualdad y justicia para los andaluces. Al mismo tiempo, debe suponer el inicio de un proceso federalizante, que avance en la construcción de un Estado federal, solidario y cooperativo, en el marco de una Europa federal y social. Nuestro proyecto se basa en el reconocimiento de la pluralidad nacional del Estado español, alejado de todo proyecto independentista, confederal o neocentralista. Se situará siempre en la España plural, en la práctica del diálogo institucional, y en la ambición de conseguir un máximo grado de consenso de la sociedad andaluza y sus instituciones para acometer las reformas que conquisten el futuro.

La apertura de una nueva etapa histórica de autogobierno no puede ser patrimonio de ninguna fuerza política. El interés general de la sociedad ha de estar por delante de los intereses partidistas. Por ello, la máxima apertura y acuerdo entre las fuerzas políticas y la capacidad de sumar a la inmensa mayoría de la sociedad andaluza es fundamental para alcanzar el objetivo frente a quienes se resisten a los cambios.

En un proceso de amplia participación, somos conscientes de que el debate no puede quedar reducido al ámbito parlamentario y político, sino que tiene que cobrar el valor que le otorga el impulso democrático y transformador del pueblo, de sus colectivos y organizaciones, sus instituciones locales, haciendo que la reforma suponga demás la oportunidad para revitalizar la democracia y recortar las distancias entre la sociedad civil, las instituciones y los representantes políticos. Estamos convencidos de que no abriremos camino a un nuevo Estatuto si el pueblo no hace suya la reforma y la siente como un instrumento fundamental de futuro.

En definitiva, nos planteamos una reforma estatutaria para alcanzar más autogobierno, más poder andaluz, más derechos sociales, mejores condiciones de vida, más democracia, en pie de igualdad con los demás pueblos de España.