Interior ha enviado a 10.000 subsaharianos desde Canarias a la Península en 22 meses

El Ministerio del Interior trasladó en aviones a 10.000 inmigrantes irregulares desde Canarias a la Península entre enero de 2002 y el pasado octubre. Todos eran subsaharianos y habían llegado a las islas en pateras. Fueron llevados a los centros de internamiento (CIE) de Barcelona, Valencia, Murcia, Madrid y Málaga. A las pocas horas de su ingreso, quedaron en libertad con órdenes de expulsión. El expediente es imposibles de cumplir, pero les impiden trabajar legalmente. Fuentes aeroportuarias han confirmado la información. La Delegación del Gobierno en Canarias, en cambio, se ha negado tanto a corroborarla como a desmentirla.

La cifra de inmigrantes trasladados desde Canarias en ese período de 22 meses iguala la de repatriados. La mayoría de los expulsados eran marroquíes, y fueron devueltos a su país vía Melilla. También fueron repatriadas, aunque en menor número, personas de Senegal, Ghana y Nigeria. Pero mientras las cifras de expulsiones han sido aireadas por Interior, el ministerio ha guardado en secreto la de inmigrantes enviados a la Península.

Las estadísticas muestran que el número de trasladados aumenta año tras año. En los 10 primeros meses de 2003 ya habían sido conducidos a la Península 5.000 subsaharianos, tantos como durante todo el año anterior. Los CIE de Madrid y Málaga recibieron a la mayoría.

Como los inmigrantes habían cumplido en Fuerteventura, Lanzarote y Gran Canaria el plazo máximo de 40 días de reclusión que establece la ley para los extranjeros que entran en España de forma irregular, fueron puestos en libertad a las pocas horas, según consta en documentos oficiales a los que ha tenido acceso EL PAÍS. Antes les fue entregada una orden de expulsión que las autoridades son incapaces de cumplir, bien porque los subsaharianos carecen de documentación y sus países se niegan a reconocerlos como nacionales, bien porque España no ha alcanzado acuerdos de repatriación con los Gobiernos respectivos.

Así, esas 10.000 personas abandonadas en las grandes capitales de la Península han pasado a engrosar el medio millón de extranjeros en situación irregular que, según estimaciones de sindicatos y ONG, malviven entre la explotación laboral y el riesgo permanente de caer en la delincuencia. Muchos de ellos han formado arrabales miserables, han ocupado edificios vacíos, duermen en portales, deambulan por las calles de Murcia, Almería, Madrid, Barcelona... El problema se ha trasladado desde Canarias a la Península, pero no ha sido resuelto.

Estos desvíos de indocumentados desde Canarias son la única forma que ha encontrado el Ministerio del Interior para aliviar la presión que los sin papeles ejercen en la saturada sociedad del archipiélago. Fueron acordadas oficialmente entre el Gobierno autónomo y el anterior secretario de Estado para la Inmigración, Ignacio González, aunque se venían practicando antes de forma extraoficial. González es desde hace pocos días vicepresidente primero del Ejecutivo autónomo de Madrid, y como tal deberá prestar asistencia social a los mismos extranjeros que ordenó llevar a la capital desde Canarias.

La utilización de la presión de los sin papeles como arma electoral por los políticos de las islas ha dado origen a numerosos brotes de carácter racista o xenófobo, según denunció Amnistía Internacional el pasado mayo. Llamativas han sido las declaraciones del líder del PP en al archipiélago, José Manuel Soria, que en junio de 2002 advirtió de que los inmigrantes irregulares ponían en peligro la "occidentalidad" de Las Palmas: "Aquí no cabe un solo inmigrante ilegal más", escribió en un artículo publicado a toda plana días más tarde en el periódico Canarias 7.

Al rebufo de éstas y de otras declaraciones similares, muchas de ellas firmadas por políticos significados de Coalición Canaria, surgen actitudes como las de algunos vecinos del pueblo grancanario de Fagata, que el pasado 20 de noviembre protestaron por el entierro de varios inmigrantes ahogados en su localidad: "Este cementerio es para gente del pueblo", alegó uno de ellos, Prudencio Reyes.