Un centro público en un edificio industrial

Los problemas han surgido en la agencia única de la Seguridad Social en la calle de San Romualdo, 26, y ya han sido motivo de atención en junio pasado con la publicación en diferentes periódicos de las incidencias surgidas. Como quiera que continúan los problemas, queremos ponerlo en conocimiento de la opinión pública a través de los siguientes escritos:

En primer lugar, somos funcionarios de la agencia de la Seguridad Social, oficina de atención al público y trámite, ubicada en los bajos de un edificio industrial del polígono de Suanzes, en la calle de San Romualdo. Este local fue abierto al público en febrero de este año con conocimiento, por parte de la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social, de las anomalías existentes, como son los ruidos insoportables que producen dolor de cabeza, mareos, náuseas y cansancio a los trabajadores, y los olores por vertidos que provocaron el cierre de las oficinas en dos ocasiones por intoxicación de funcionarios y parte del público, teniendo que intervenir el Samur, la Policía Municipal, el Ayuntamiento y los bomberos.

Por parte de los funcionarios se remitieron diferentes escritos a la Dirección Provincial antes y después del cierre de las oficinas, y antes de la apertura se había remitido un escrito a la junta de personal advirtiendo de la situación del edificio, sin que por ninguna de las partes se tomara medida alguna. Nos hemos puesto en contacto con Higiene y Seguridad, organismo que dice que no es competencia suya y nos remite al Ayuntamiento, el cual lo único que ha hecho, y con posterioridad a los hechos descritos, es cambiar la licencia de edificio industrial a edificio mixto.

¿En quién cae la responsabilidad de la salud de los trabajadores? ¿Quién se responsabiliza de la apertura de este centro público en un edificio industrial? Como siempre, los responsables seremos los trabajadores.

En segundo lugar, en este local llevamos trabajando desde mediados de febrero soportando los ruidos y vertidos tóxicos que proceden de las diferentes empresas de imprenta y artes gráficas que, con sus permisos correspondientes, están instaladas en dicho edificio industrial. El 23 de marzo de 1999, mucho antes de su apertura, se remitió un escrito a la junta de personal interesándonos en la procedencia de abrir una oficina de atención al público en un edificio industrial. Desde febrero son continuas las quejas y reclamaciones presentadas a la Dirección Provincial de la Tesorería; las oficinas han sido cerradas en dos ocasiones, del 16 al 20 de junio y el 8 y 9 de julio, por emanaciones de origen desconocido, provocando la intoxicación de público y funcionarios, debiendo acudir en la primera fecha el Samur, la Policía Municipal, los bomberos y el concejal de distrito ante la alarma producida y de cuya noticia se hicieron eco medios de comunicación.

Remitimos escritos solicitando el traslado de las oficinas a un edificio no industrial los días 3 de junio (con anterioridad al primer cierre de las oficinas), 11 y 29 de agosto y 26 de septiembre. Han actuado los delegados de prevención de los diferentes sindicatos y la junta de personal.

Actualmente, varios compañeros se encuentran de baja por la ansiedad causada por los ruidos constantes, y el estado de continua ansiedad del resto de trabajadores no es el adecuado para una correcta atención al público. Nos preguntamos: ¿por qué se procedió a la apertura de esta oficina pública conociendo con anterioridad sus deficiencias? ¿Por qué no se presta la debida atención a nuestra salud cuando han transcurrido casi diez meses desde su apertura?

Lamentamos que nuestro estado, motivado por los ruidos constantes que soportamos durante toda la jornada, no nos permita ofrecer el servicio de atención al público deseado, por lo que rogamos disculpen las molestias.