Cataluña: el fin de un monopolio negociador

SEMILLAS SELECTAS es el nombre del edificio del complejo de La Moncloa donde, gracias a agotadoras sesiones nocturnas, echó definitivamente raíces el Estatuto de Cataluña. Corría julio de 1979 y los parlamentarios catalanes y el Gobierno de la UCD de Adolfo Suárez pusieron a prueba la fortaleza de la nueva democracia 41 años después de que el general Franco aboliera el Estatut republicano. Prudencia, responsabilidad y un fondo de ruido de sables animaron al convergente Miquel Roca, al comunista Jordi Solé Tura y al socialista Eduardo Martín Toval a buscar el consenso en un texto que, lógicamente, no era del gusto de todos. Hoy, 24 años después, y también por consenso, los partidos catalanistas están dispuestos a volver a abrir la caja estatutaria. Esa es la intención del PSC, CiU, ERC e ICV.

Estas formaciones políticas quieren subir el listón competencial e incluso reformar la Constitución de manera que, por ejemplo, el Senado se convierta en cámara de representación territorial. Sea al modo federal, autonómico asimétrico o simplemente soberanista, todos los partidos, excepto el PP, tienen la intención de revisar un texto aprobado en referéndum el 25 de octubre de 1979 con un 88,18% de votos afirmativos, pero con un 40,03% de abstención, posición esta última sostenida por Alianza Popular, embrión de futuros populares, ahora los únicos defensores de aquel texto.

En estos últimos 20 años, CiU, bajo el liderazgo de Pujol, ha patrimonializado la aplicación del Estatut. El presidente de la Generalitat ha sabido hacer de la negociación sobre traspasos de competencias el eje de su estrategia política, desde que en un lejano 16 de junio de 1980 se entrevistó con Adolfo Suárez y comenzó un tímido goteo de enseñanza, carreteras y bibliotecas. Desde entonces, la federación nacionalista se ha constituido en única interlocutora ante el Gobierno de Madrid. La simplificación se ha encargado de hacer de Jordi Pujol la personificación de Cataluña no sólo a ojos del Gobierno central de turno, sino del resto de la ciudadanía española. Para redondear la carambola nacionalista, la falta de mayorías absolutas, primero de los socialistas y después de los populares, han convertido a sus respectivas formaciones en Cataluña -PSC y PP catalán- en preciado comodín de CiU en forma de apoyo externo al Ejecutivo catalán.

La reivindicación constante de CiU -algunas veces recurso retórico- ha sido el revulsivo nacionalista al letargo de los traspasos en periodos de mayorías absolutas en el Gobierno central. Pero las cosas y los tiempos han cambiado. Y ahora, el final político de Pujol coincide con el del monopolio negociador de CiU. El nuevo Estatuto será cosa de todos o de casi todos.