El PP recalifica más de un millón de metros cuadrados en la periferia de Castellón
Gimeno aparca la compra de un inmueble a una congregación por la sospecha de ilegalidad
![María Fabra](https://imagenes.elpais.com/resizer/v2/https%3A%2F%2Fs3.amazonaws.com%2Farc-authors%2Fprisa%2Ff32ea01f-8a17-4642-b59c-6f7d5689ddd4.png?auth=08bb75c1c2441b902e44c0965c98cd4542b2cc362c9bffd1b3a3ee4a64390915&width=100&height=100&smart=true)
Más de un millón de metros cuadrados pasan de ser suelo no urbanizable a suelo urbano residencial en el noroeste de la ciudad tras el pleno de ayer del Ayuntamiento de Castellón. Sólo el PP, con mayoría absoluta, apoyó la decisión con el argumento de crear suelo para viviendas protegidas. Los socialistas se opusieron a la recalificación porque intenta blindar otros sectores ante la reserva de suelo para vivienda social. En el pleno, el alcalde, José Luis Gimeno, aparcó la compra de un inmueble por 16,8 millones a una congregación ante la sospecha de ilegalidad.
"Blindan los derechos urbanísticos de otros sectores para no verse afectados por la LOT"
El equipo de gobierno popular en el Ayuntamiento de Castellón recalificó ayer más de un millón de metros cuadrados con una modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que aprobó hace apenas tres años. La aprobación contó con el apoyo, único, del PP, que justificó su decisión en la reserva de suelo, en este espacio, para la construcción de viviendas de protección oficial (VPO).
Los grupos de la oposición insistieron en su postura favorable a la edificación de este tipo de viviendas pero desaprobaron la falta de previsión del PP que, ante el desarrollo urbanístico registrado en Castellón en los últimos años, no ha sometido a las constructoras a la obligatoriedad de crear VPO. El concejal socialista, Miguel Alcalde, expuso, además, una serie de "problemas técnicos" que no encontraron respuesta en el responsable de Urbanismo, Alberto Fabra. Entre otras cosas, sostuvo que el ayuntamiento de la capital de La Plana "llega tarde" porque, en el caso de haber incluido una reserva de suelo para VPO en el plan general, "el reparto de cargas entre los propietarios del suelo hubiera sido mayor". Además, indicó que el planteamiento presentado por el PP, que divide el área recalificada en tres sectores, no especifica si las más 3.000 viviendas de protección oficial que se prevén estarán ubicadas en un mismo ámbito o se repartirán de manera equitativa entre el suelo más cercano al centro urbano y el más alejado. De esta manera, según el edil socialista, se podría evitar que "quedaran todas en el extrarradio".
El suelo recalificado por el PP se encuentra en el noroeste de la ciudad, en un área en la que se pretende crear también la ciudad deportiva, con la unión de dos instalaciones ya existentes y el llamado Espai Comercial. Sin embargo, entre esta zona y el casco urbano existen varias bolsas de suelo que, en algunos casos, está programado pero todavía no se ha desarrollado. Además, y en el este de la capital de La Plana, existe también una amplia porción de suelo urbanizable sobre el que todavía no se han presentado proyectos de urbanización y en los que el Ayuntamiento podría fijar una reserva de suelo para viviendas de protección oficial. Así, para Alcalde, con la recalificación se "blindan los derechos urbanísticos de otros sectores para no verse afectados por la Ley de Ordenación de Territorio" y su obligatoriedad de que los grandes municipios cuenten con un porcentaje determinado de suelo para viviendas de protección oficial. En cualquier caso, para Alberto Fabra, "la única manera" para promover la construcción de VPO es "crear suelo".
El pleno del Ayuntamiento de Castellón tenía previsto ayer aprobar la firma de un convenio con la Congregación de Hermanitas de los Ancianos Desamparados para la compra del inmueble que éstas poseen en una céntrica calle de la ciudad. El equipo de gobierno popular había previsto el pago de 16,8 millones de euros en seis anualidades, dinero con el que las monjas comprarían un solar y levantarían un nuevo asilo. El Ayuntamiento, por su parte, derribaría el edificio y construiría unas nuevas dependencias municipales. Sin embargo, el convenio se quedó encima de la mesa después de que, tal como admitió el alcalde, José Luis Gimeno, -quien intervino directamente en la sesión plenaria-, el grupo socialista presentara un informe jurídico que señalaba la ilegalidad de tal acuerdo.
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