Imputado un funcionario de Fomento por el accidente del helicóptero de Tremp

El Juzgado de Instrucción de Tremp, que instruiye el sumario por el accidente del helicóptero que se estrelló el 14 de junio de 2002 cerca de Torallola (Pallars Jussà), ha citado a declarar como imputado a Ramón Álvarez Anta. El juez cree que este funcionario, que trabajaba entonces en un organismo dependiente de la Dirección General de Aviación Civil, fue quien entregó la documentación falsa a la empresa propietaria del helicóptero.

En la catástrofe aérea fallecieron ocho personas, entre ellas la delegada del Departamento de Industria de la Generalitat en Lleida, Divina Esteve. Las investigaciones posteriores realizadas por técnicos de Aviación Civil pusieron al descubierto numerosas irregularidades que permitieron volar a la aeronave siniestrada.

Álvarez Anta, funcionario del Ministerio de Fomento, podría ser acusado de los delitos de falsificación y prevaricación. En el momento del accidente era jefe interino de Seguridad en el Vuelo de Sabadell porque el titular, Enric Sanmartí, acaba de ser nombrado director general de Aviación Civil. Fue destituido a raíz del accidente. Según todos los indicios obrantes en la causa, fue la persona que el 12 de marzo de 1999 entregó a Helieuropa Services, empresa propietaria del helicóptero, la documentación presuntamente falsa con la que volaba el aparato siniestrado.

El 4 de octubre de 1996, Aviación Civil expidió a nombre de Helieuropa un certificado de aeronavegabilidad para un helicóptero modelo Augusta Bell 205 A-1. El aparato no llegó a entregarse porque los inspectores descubrieron que las características que se describían en el documento no correspondían a las del modelo que se pretendía legalizar, un Augusta Bell 205 que había sido adquirido al Ejército del Aire como material de desguace.

El propietario de la empresa, Pedro María Sáenz de Maturana, principal imputado por un presunto delito de homicidio por imprudencia y otro contra la seguridad aérea, obtuvo un duplicado del certificado al día siguiente de denunciar en una comisaría de Barcelona que había perdido el original, cuando en realidad no lo había recibido nunca. El duplicado llevaba la firma de Álvarez, quien el próximo 12 de enero deberá aclarar ante el juez instructor por qué el aparato siniestrado volaba sin la documentación en regla. Las investigaciones también demostraron que llevaba piezas caducadas o de procedencia desconocida y que el mantenimiento no se ajustaba a la normativa de Aviación Civil.

Después del accidente, Helieuropa Services vendió toda su flota de aeronaves a otras compañías, según consta en la declaración de patrimonio entregada por Sáenz de Maturana al juez de Tremp. Esta acción, que podría constituir un delito de alzamiento de bienes, podría hacer peligrar el cobro de las millonarias indemnizaciones que reclaman los familiares de las víctimas en el caso de que el propietario del aparato fuera declarado responsable civil del accidente.