16 meses con el chalet de Ardanza

Dieciséis meses después, el chalet construido en Urdaibai por el ex lehendakari y presidente de Euskaltel, José Antonio Ardanza, sigue envuelto en la polémica. Ayer, por tercera vez en poco más de un año, se debatió en las Juntas de Vizcaya y la Diputación defendió que su postura es "que se cumpla la ley y se haga cumplir la ley" sobre esta construcción, que incumple la normativa de la reserva.

¿Cómo surge la polémica? Los ecologistas constatan el gran volumen construido en un caserón adquirido por Ardanza en el barrio de Kanala, perteneciente al municipio de Arteaga, que empezó a rehabilitarse en la primavera de 2001. Trasladan la denuncia al Patronato de Urdaibai, el órgano de gestión de la reserva, que realiza una inspección del chalet el 10 de mayo de 2002, cuando aún estaba en obras. Se constatan seis irregularidades, entre las que destaca la construcción de dos plantas no previstas en el proyecto, la superación en 1,20 metros de la altura autorizada y la inclusión de una piscina. Estas anomalías son confirmadas también por un informe elaborado por el arquitecto municipal de Arteaga.

La actuación de las instituciones. La alcaldesa de Arteaga, la peneuvista Arantza Madariaga, considera "subsanables" las irregularidades. En julio de 2002, el arquitecto municipal emite otro informe en el que esta vez considera "legalizables" las modificaciones en el proyecto. Pero el Patronato de Urdaibai confirma el 25 de septiembre las anomalías y destaca el aumento en un 68% de la superficie construida: los 634 metro cuadrados del proyecto original aprobado se han incrementado hasta 879, con lo que una vivienda que era bifamiliar es de hecho trifamiliar.

El informe del Patronato se aprobó con los votos en contra de la alcaldesa de Arteaga y el representante de la Diputación vizcaína. La institución foral había restado hasta ayer importancia a este caso y hace un año dijo que las irregularidades "en el caso de que sean infracciones, no son graves". En este último año, el caso ha estado paralizado porque la alcaldesa de Arteaga pidió un tercer informe, que no se ha conocido hasta este mes y concluye que es el Gobierno el que debe actuar. En el fondo subyace el malestar de muchos municipios de Urdaibai, con grandes restricciones urbanísticas por la reserva: cualquier actuación en suelo rural debe tener el visto bueno del Patronato y, si hay infracciones, en muchos casos deben actuar los ayuntamientos.

¿Qué pasará ahora? El Departamento de Medio Ambiente está estudiando el último informe, pero cree que, al ser una infracción urbanística, es el Ayuntamiento el que debe hacer cumplir la ley. Medio Ambiente ha asegurado que acudirá a los tribunales si el consistorio no actúa. Los ecologistas, que recuerdan que la ley que se incumple fue firmada por el propio Ardanza cuando era lehendakari, ya han ido a los juzgados contra el Ayuntamiento de Arteaga. Mientras, el chalet, cuyos trabajos terminaron en el verano de 2002, ya es utilizado por uno de los hijos de Ardanza y está pendiente el certificado de fin de obra, que debe ser expedido por el Ayuntamiento de Arteaga.