El Superior navarro asesta otro varapalo a la política lingüística de UPN
El Tribunal Superior navarro ha fallado que los funcionarios de la comunidad foral que accedieron a una plaza en la que se requería el euskera pueden optar a cualquier otra vacante, independientemente de su perfil lingüístico. Por vez primera, el tribunal analiza una cuestión de fondo del polémico decreto aprobado por el Gobierno regionalista en 2000 y desarrollado dos años después para regular el acceso a la función pública en Navarra.
El Superior anuló el decreto de 2000 por defectos de forma y para sustituirlo, el Ejecutivo de Miguel Sanz aprobó una normativa idéntica tras conseguir el visto bueno de un recompuesto Consejo Asesor del Euskera.
Ahora, el Superior propina un nuevo varapalo a la política lingüística de UPN, que pretendió limitar la movilidad de los funcionarios euskaldunes ciñéndola a las vacantes en las que también fuese preceptivo el conocimiento del euskera.
La sentencia, dada a conocer ayer por el Observatorio de Derechos Lingüísticos de Navarra-Behatokia, subraya que "el conocimiento del euskera no conlleva menor capacidad para desarrollar el trabajo; al contrario, constituye un plus". El Observatorio recurrió en 2002 varias ofertas de empleo de Salud basadas en el artículo ahora anulado, el 18.3. La sentencia es definitiva.
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