El precio de la vivienda protegida subirá entre un 10% y un 20%

La Consejería de Territorio publicó ayer en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) la orden por la que se incrementan el precio de las viviendas de protección oficial (VPO) en la mayoría de los municipios con mayor número de habitantes. La orden hace especial mención a la situación de las tres capitales, cuyos precios se incrementan en un 20% (Valencia) y un 10% (Alicante y Castellón). La entrada en vigor de los nuevos precios para la vivienda protegida coincidió con la presentación de una proposición de ley socialista para modificar la polémica LRAU.

Pla quiere mejorar el acceso a la vivienda y evitar las corruptelas en la construcción

La orden publicada por la Consejería de Territorio y Vivienda declara como municipios singulares las tres capitales de provincia y se reclasifican el resto de términos municipales de la Comunidad Valenciana en función de los estudios realizados sobre el precio de la vivienda.

La clasificación de los municipios, que supondrá un incremento entre el 10% y el 20% en la VPO para incentivar esta clase de oferta frente a la vivienda libre, se realiza en base a los estudios existentes sobre la evolución de los precios y la escasez de viviendas protegidas en el mercado en comparación con la oferta.

Los municipios que mayores incrementos podrán aplicar son los de Valencia y los principales municipios de su área metropolitana, Gandia y Cullera, para los que se establecen los coeficientes más altos tanto para viviendas de régimen especial, como en venta o alquiler. Todos ellos clasificados como municipios del tipo B zona A.

Los términos municipales de Alicante y Castellón son clasificados como C, lo que implica que los incrementos a las viviendas de protección oficial no podrán superar el 10% sobre el precio actual. La orden es aplicable también a las actuaciones de rehabilitación, ya que "el fomento de las viviendas de nueva construcción no debe excluir la importancia del aprovechamiento del parque de viviendas existentes".

Por otra parte, el secretario general del PSPV y portavoz parlamentario, Joan Ignasi Pla, presentó ayer en las Cortes Valencianas una proposición de ley sobre complemento y actualización de la ley Reguladora de la Actividad Urbanística (LRAU) con el objetivo de mejorar el acceso a la vivienda, evitar "las corruptelas entre la Administración y los constructores" y "dar más seguridad jurídica a los ciudadanos".

Pla indicó que en la proposición de ley elaborada por el Grupo Socialista se establece como "obligatoria la reserva de un tercio de todas las actuaciones urbanizadoras para destinarla a vivienda protegida o a vivienda a precio tasado".

El socialista, que indicó que su iniciativa también propone primar en los concursos el incremento de esta reserva mínima, afirmó que la modificación introducida en este sentido por el Gobierno valenciano en la ley de Acompañamiento "tiene unas carencias fundamentales como no fijar el volumen de la reserva", lo que a su juicio la convierte en un mero parche. La finalidad de incrementar la seguridad jurídica en la adjudicación de los programas en régimen de concurso se podría cubrir, según la proposición de ley socialista, realizando "una consulta previa a los ayuntamientos antes de proceder a la presentación de propuestas". Esta consulta, señaló Pla, serviría para que la Administración "establezca como mínimo las bases y criterios que obliguen a expresar de manera nítida y clara su modelo de ciudad, que sirva como referencia para la presentación de las distintas alternativas que optan al concurso". El portavoz del PSPV apuntó que para "mejorar el equilibrio entre los intereses generales y privados" su grupo propone establecer una consulta previa obligatoria que acabe con la "posibilidad de presentación de propuestas sobrevenidas que puedan sorprender a los propietarios". Asimismo, los socialistas piden aumentar los plazos de exposición pública de las propuestas y en consecuencia los tiempos para su conocimiento.