La Universidad Politécnica llevará el día 9 al claustro las objeciones del Consell a la reforma de los estatutos

El equipo de Gobierno de la Universidad Politécnica de Valencia ha optado por que sea el Claustro el que el próximo 9 de diciembre conozca y valore de primera mano los "19 reparos menores" puestos por el Consell al proyecto de reforma de los Estatutos adaptados a la estructura de la nueva Ley Orgánica de Universidades (LOU). La decisión de volver a convocar a los 300 claustrales (en vez de la posibilidad de delegar el debate en la Mesa reducida del Claustro) se adoptó el viernes pasado -según confirman tres fuentes de la universidad- durante una reunión de la Mesa celebrada tras recibir el escrito de alegaciones de la Consejería de Educación. Según estas fuentes, "la mayoría de las observaciones obedecen a reparos a la legalidad de tono menor, fácilmente asumibles". Aunque también precisan que "seis se centran en la definición de las competencias y atribuciones que tendrán el Consejo de Gobierno y el Consejo Social".

Un órgano sobre el que ya giró buena parte del controvertido proceso de tramitación de la LOU, debido a que con el argumento gubernamental de "abrir la universidad a la sociedad" mediante la fórmula de "reforzar la presencia externa de agentes sociales", se consagró finalmente la facultad autonómica de ampliar la cuota de consejeros de designación política, lo que le valió duras críticas al PP por su "talante intervencionista".

Un estira y afloja que, dos años después de la aprobación de la LOU, recobra fuerza a tenor de los "reparos" del Gobierno valenciano a los nuevos estatutos de la Politécnica, alegando que "no se respeta la capacidad del Consejo Social de actuar por iniciativa propia, y no a propuesta del Consejo de Gobierno, amparándose en la Ley Valenciana de Consejos Sociales". De hecho, fue la propia Dirección de Universidades la que durante la elaboración de los estatutos presionó de manera velada para que, por ejemplo, el Consejo Social -y no el equipo de gobierno académico- fuera el que tuviera la potestad de cambiar la regulación sobre la permanencia y promoción de los estudiantes. Un aspecto que afecta a un porcentaje menor de universitarios matriculados en sólo una o dos asignaturas y no en una titulación completa (normalmente porque trabajan), que pese a que no computan en el cálculo de la subvención pública ordinaria, se pretende que tengan mayor peso electoral o de participación. Desde el Rectorado "no hay ningún interés en enfrentar a dos órganos complementarios como el Consejo de Gobierno y el Consejo Social", razón por la que se pretende que "el Claustro conozca lo que son reparos mínimos y busque soluciones técnicas al resto de alegaciones".