El principal acusado por las facturas falsas de Jaén alega que recibió presiones

El empresario jiennense Luis V. G., el principal acusado en el llamado caso de las facturas falsas, declaró ayer, durante el interrogatorio al que le sometió el Ministerio Fiscal, que en su día inculpó en este asunto a otros 11 empresarios jiennenses por las "presiones" y "amenazas" que recibió de los agentes de la Guardia Civil y la Policía.

La abogacía del Estado, que ejerce como acusación particular, acusa a Luis V. G. de certificar "obras fantasma" que no llegaron a realizarse a otras 11 empresas de la provincia, aunque el acusado, que incurrió en varias contradicciones durante su declaración, sólo admitió haber cometido el presunto fraude fiscal con siete firmas y responsabilizó de los hechos a un anterior socio de su empresa.

Tanto el Ministerio Fiscal como la defensa del empresario, vinculado al sector de la construcción, mantienen que éste padece retraso mental, epilepsia y cuadros depresivos que le impiden, al menos parcialmente, conocer el alcance de sus actos. Además, durante su declaración de ayer, ante el juez de lo Penal 3 de Jaén, manifestó que en el interrogatorio al que fue sometido por los agentes policiales estaba bajo los efectos del consumo de drogas. Se da la circunstancia de que fue el propio empresario el que se personó en 1996 ante la Agencia Tributaria para admitir que había confeccionado facturas falsas.

Dos suspensiones

El juicio, en el que está previsto que declaren unas 40 personas, se inició ayer en la sala de vistas de la Audiencia Provincial -tuvo que desplazarse a este lugar por la falta de espacio del Juzgado de lo Penal para acoger a todos los inculpados y letrados- después de que fuera suspendido en dos ocasiones anteriores, primero hace dos años por la ausencia de un testigo clave para las defensas y más tarde al prosperar distintas alegaciones presentadas por las defensas de los imputados.

Según el Ministerio Fiscal, Luis V. G y otros 11 empresarios de Jaén habrían incurrido en los delitos de falsedad de documento mercantil y contra la Hacienda Pública cometidos entre 1994 y 1996.

El supuesto fraude se eleva a 538.000 euros, de los que más de la mitad corresponden al impago del IRPF y el impuesto de sociedades. Todos ellos se enfrentan a penas que oscilan entre uno y cuatro años de prisión y multas de entre 1.200 y 67.000 euros.

Tanto el fiscal -que reclama otros 164.000 euros en concepto de responsabilidad civil- como la abogacía del Estado creen que las empresas a las que Luis V. G. emitía facturas falsas aumentaban sus gastos y disminuían el pago de impuestos y cuotas tributarias. Los empresarios juzgados pertenecen a distintos sectores laborales, desde la construcción a la agricultura pasando por la publicidad.