Informe diplomático

El Ministerio de Economía difundió el martes las Conclusiones Preliminares del informe anual sobre España (Consulta del Artículo IV) de la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), que ha visitado nuestro país en las últimas semanas. Desde que España se integró en la UEM, la vigilancia multilateral sobre su economía del FMI ha perdido mucho de su razón de ser, pero estos informes siguen teniendo gran repercusión mediática, pues suponen una valoración de la situación de nuestra economía, así como de la adecuación de la política económica en vigor en pro de conseguir la mayor eficiencia del sistema productivo.

Los autores del informe son perfectamente conscientes de ello y de sus repercusiones políticas, así que tienen que medir muy bien sus palabras, sin por ello renunciar a decir lo que creen oportuno. Es un ejercicio de diplomacia exquisita, en la que los expertos del FMI y de otros organismos acaban siendo unos consumados expertos. Las Conclusiones en cuestión son una pieza maestra en este sentido. Aparentemente todo son alabanzas para España y su Gobierno, pero entre líneas, o traduciéndolas a román paladino, expresan toda una serie de desviaciones, riesgos y, sobre todo, falta de capacidad para llevar a cabo reformas que eleven el potencial de crecimiento a medio y largo plazo y que impidan que esta etapa de buenos resultados económicos se convierta en algo efímero.

El FMI pide clarificar las vías por las que se está llevando a cabo buena parte de la inversión pública

Así, en cuanto al crecimiento económico (véanse previsiones en los gráficos adjuntos), constatan el notable diferencial respecto a la zona euro a favor de España, pero también señalan que dicho crecimiento está basado en una política fiscal expansiva que, conjugada con unas "condiciones monetarias históricamente laxas", estimulan el consumo y la construcción. Este patrón de crecimiento necesita equilibrarse, según el FMI, y reorientarse hacia las exportaciones y la inversión en equipos, pues está ocasionando dos fuentes de riesgos: un persistente diferencial de inflación con la zona euro y un rápido incremento del endeudamiento de las economías domésticas. Por ello, pide una política fiscal más restrictiva ("un objetivo de déficit cero el próximo año sería poco ambicioso") y que, de momento, se olviden rebajas adicionales del IRPF o de las cotizaciones sociales, a la vez que se restringe el gasto por debajo de lo presupuestado. Siguiendo en el ámbito fiscal, el FMI vuelve a constatar la opacidad de los presupuestos de los gobiernos territoriales y pide una clarificación de las vías por las que se está llevando a cabo una buena parte de la inversión pública.

El mercado de la vivienda ("durante nuestra visita del año pasado se reconoció la necesidad de llegar a un pacto no partidario sobre este asunto, sin que desafortunadamente se hayan producido avances"), las reformas del mercado del trabajo (negociación colectiva, seguro de desempleo, reducción de las rigideces de los contratos fijos, es decir, el coste y los procedimientos del despido) y del sistema de pensiones, la política de la competencia y la necesidad de introducir buenas prácticas en la distribución de las estadísticas son otros tantos temas que, una vez más, señala el FMI como pendientes. Una agenda muy cargada para nuestra clase política, que se debería negociar y llevar a la práctica sin dilación a lo largo de la próxima legislatura. La creación de empleo y el progreso en los próximos años depeden de ello.

Ángel Laborda es director de coyuntura de la Fundación de las Cajas de Ahorros Confederadas para la Investigación Económica y Social (Funcas).