Sin recursos en Ceuta

La Iglesia, a través de su vicaría en Ceuta, ha llamado la atención sobre un hecho que viene repitiéndose en los últimos años: la falta de recursos públicos suficientes para atender las necesidades humanas primarias de inmigrantes indocumentados que ya han logrado poner el pie en suelo español. En concreto, la Iglesia ha pedido al Gobierno que le ayude a afrontar, con dinero, con locales adecuados y con personal, la atención que presta a unos 260 subsaharianos atascados en la ciudad autónoma. Para ellos, la Iglesia ha abierto algunos de sus centros, pero en condiciones materiales muy precarias. Los inmigrantes duermen en colchones sobre el suelo y comparten un pequeño número de duchas e inodoros. Y este colectivo casi es privilegiado al lado de otros 200 inmigrantes que pernoctan directamente a la intemperie.

Lo que la Iglesia pide es que el Gobierno ofrezca "una respuesta humanitaria, digna y justa" al problema de esos subsaharianos. Pero diríase que es como pedir peras al olmo. El acento exclusivo del PP en los aspectos policiales del fenómeno de la inmigración ha dejado a nuestro país casi desarmado para afrontar situaciones de emergencia en las que debería imponerse el criterio de asistencia a personas en peligro. Hace poco hubo un ejemplo trágico en el naufragio de una patera frente a las costas de Cádiz, en el que perecieron un mínimo de 37 inmigrantes. Discrepancias entre la Guardia Civil y Salvamento Marítimo y la falta de embarcaciones de socorro retrasaron la ayuda a los náufragos.

Pero el Gobierno no ve el menor error en aquel fallido rescate, como en nada de lo que hace. Según dijo en el Congreso su delegado para la Extranjería y la Inmigración, Ignacio González -nombrado ayer vicepresidente primero del Gobierno de Madrid-, "se siguieron los operativos habituales" ante el naufragio de la patera. En línea con sus jefes, rechazó cualquier debate basado en criterios humanitarios y recurrió al expediente de la criminalización del fenómeno de la inmigración. El único responsable de la tragedia de la patera fue, según dijo, "el tráfico ilícito por parte de redes organizadas". La oposición le dio cumplida respuesta. Sean las víctimas inmigrantes magrebíes indocumentados o navegantes europeos de un yate de lujo, la obligación del Gobierno es adoptar las medidas necesarias para un eficaz salvamento de los náufragos en sus zonas de responsabilidad del Estrecho.

Va siendo hora de que el PP comprenda que la inmigración necesita un tratamiento global y no sólo policial. Este tratamiento incluye tener listos los medios necesarios para prestar ayuda a náufragos o dar cobijo a los sin techo. Aunque sean indocumentados.