La Fiscalía investiga subvenciones concedidas por la Cámara de Comercio de Málaga

La Fiscalía de Málaga ha iniciado diligencias penales contra la Cámara de Comercio de la provincia por la supuesta concesión irregular de subvenciones por un montante total que podría rondar el medio millón de euros, y de las que se han beneficiado asociaciones empresariales a las que pertenecen miembros del comité ejecutivo o del pleno de la entidad. Algunas de estas ayudas se otorgaron en contra del criterio del secretario general de la institución, que advirtió de la ilegalidad. También es objeto de investigación dos proyectos de formación subvencionados por la UE.

La investigación abierta por el Ministerio Público, de la que informó ayer la cadena SER, parte de la denuncia de un ex trabajador de la Cámara y se corresponde con subvenciones aprobados por el nuevo equipo de gobierno de la entidad, que tomó posesión en julio de 2002 y que preside Jerónimo Pérez Casero.

Según la información remitida a la Fiscalía, se han otorgado ayudas "para fines extraños" al cometido de la institución y cita subvenciones para cenas, distinciones, concursos, copas y galas de aniversario cuyos destinatarios han sido colectivos empresariales de los que son miembros directivos de la entidad.

En la documentación se aportan fechas de distintas sesiones del comité ejecutivo dela cámara malagueña donde el secretario general habría realizado advertencias de ilegalidad sobre ciertas ayudas que se pretendían aprobar, y que a pesar de ello salieron adelante y fueron concedidas y posteriormente abonadas.

La investigación afecta igualmente a la tramitación de dos proyectos europeos de formación que solicitó la institución, dentro de los programas comunitarios Interreg III y Artepyme, por un montante global de 2,3 millones de euros. La gestión de ambos programas habría sido adjudicada, con anterioridad a la concesión de las ayudas, a un grupo de empresas de formación, entre las que se encontraba una de un miembro de la propia comisión de formación de la Cámara y otra de una representante en el pleno. Las subvenciones solicitadas, finalmente, no llegaron en su totalidad.

Fuentes del ministerio público confirmaron ayer que el propio fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Málaga, Manuel Villén, dedujo testimonio al denunciante hace varias semanas y que ha remitido un oficio a la Cámara requiriéndole las actas de los plenos y las sesiones del comité ejecutivo donde se aprobaron estas ayudas.

El presidente de la entidad, sin embargo, aseguró ayer desconocer que se hubiera iniciado esta investigación y rechazó de plano las denuncias. Pérez Casero indicó que la entidad que preside concede subvenciones a proyectos e iniciativas que presentan instituciones y asociaciones empresariales de la provincia. "Ese es uno de nuestros cometidos, por lo que el hecho de que algún miembro de la asociación sea a su vez miembro de la cámara no quiere decir nada", argumentó.

El presidente si reconoció que algunas de estas ayudas se habían concedido con una advertencia de ilegalidad del secretario general, ciscunstancia a la que restó importancia y consideró habitual. "Estas advertencias han existido a lo largo de toda la historia de la Cámara, porque es una función del secretario realizarla cuando tiene un criterio distinto al resto del comité ejecutivo, pero las decisiones las adopta con posterioridad el pleno y luego pueden ser fiscalizada por los órganos correspondientes". En esta línea, Pérez Casero justificó las ayudas para cenas y actos sociales concedidas a asociaciones de empresarios, dentro de la partida que tiene la entidad para este tipo de eventos.

La nueva corporación de la Cámara de Comercio de Málaga se constituyó el junio de 2002 tras unas elecciones que ganó las candidaturas impulsadas por la Confederación de Empresarios de Málaga (CEM), la organización empresarial intersectorial más representativa de la provincia.

La CEM, que auspició a Pérez Casero al cargo de presidente de la Cámara de Málaga, controla los principales órganos de decisión de esta entidad, que goza de naturaleza de administración pública y por lo tanto la ejecución de sus presupuestos está sujeta a instrumentos de intervención y de control público.