Imaz atribuye a "presiones" de Aznar la exclusión de la 'Y' de los planes de la UE

El portavoz del Gobierno, Josu Jon Imaz, sostuvo ayer que se han registrado "presiones o acciones políticas del Gobierno del PP" para que el eje ferroviario Madrid-Vitoria-Dax, en el que se incluye la nueva red ferroviaria vasca, la Y, haya quedado excluido de la lista de grandes infraestructuras de la UE de ejecución inmediata. La relación fue aprobada la semana pasada por la Comisión Europea y quedará definitivamente cerrada en consejo de ministros en diciembre, por lo que aún existe un margen de maniobra para volver a aupar el proyecto a esa lista.

Imaz no precisó la naturaleza de esas presiones -"uno, viendo la situación política, intuye cosas", se limitó a decir-, pero mantuvo su afirmación, realizada al término del Consejo de Gobierno de ayer. Junto a Imaz, compareció el titular de Transportes, Álvaro Amann, quien afirmó que el descabalgamiento del proyecto, uno de los 14 considerados prioritarios en el informe Van Miert para la Red Transeuropea de Transporte, "induce a pensar que responde a iniciativas cuando menos, arbitrarias". Imaz sugirió que el Gobierno central y la comisaria de Transportes, Loyola de Palacio, han podido mantener una actitud de pasividad o de obstaculización hacia el proyecto. Ante este panorama, el Ejecutivo autónomo se dirigirá por carta al presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi; a la comisaria Loyola de Palacio, y al presidente del Gobierno central, José María Aznar, para que se mantenga el proyecto. Amman quiere también entrevistarse con la comisaria y con el ministro de Fomento, Francisco Álvarez-Cascos.

Pese a todo, el Gobierno vasco seguirá adelante el próximo año con la realización de proyectos de la Y, para los que ha presupuestado 1,9 millones.El Consejo también aprobó en su reunión de ayer la toma de posición oficial del Gobierno vasco ante el proyecto de Constitución europea y el futuro de la UE. El balance del Ejecutivo, tras analizar en profundidad el proyecto de Tratado Constitucional, es más bien crítico y negativo, pese a reconocer que se trata de "un paso, aunque pequeño, en la buena dirección".

Pero tras esa afirmación, el Gobierno constata que el proyecto de Constitución europea no refleja algunas de las propuestas contenidas en el plan Ibarretxe. Así, resalta que no figura ninguna mención a un modelo federal de organización, ni da cauce a las aspiraciones de presencia y participación en la toma de decisiones que recoge la iniciativa del lehendakari. El documento, que el Gobierno hará llegar a la Administración central, instituciones de la UE y a las organizaciones regionales del ámbito comunitario, considera que la futura Constitución no refleja suficientemente "la diversidad cultural y lingüística".

El Gobierno se queja, entre otros aspectos, de que el texto no reconozca el acceso de las regiones al Tribunal de Justicia Europeo. También se considera "insuficiente" la formulación de la aplicación del principio de subsidiariedad y se critica que no exista un control de la misma como paso previo a la promulgación de normas. Igualmente, se echa en falta el "reconocimiento expreso de la posibilidad de participar directamente en el Consejo de la Unión".

Por otra parte, el Gobierno reclamó de nuevo la transferencia de formación continua para los trabajadores y apoyó expresamente a Hobetuz, la institución autónoma que se dedica a esta cuestión y en la que están representadas todas las partes. La patronal vasca, Confebask, anunció que interpondrá un recurso contra la decisión del Gobierno de convocar al margen de Hobetuz las ayudas a la formación individual para 2003.