Múgica reprueba al Gobierno en el 'caso Prestige'

El Defensor del Pueblo no está conforme con la gestión del Gobierno y de la Xunta de Galicia del desastre del Prestige, de cuyo hundimiento se cumple hoy el primer aniversario. La institución que dirige Enrique Múgica señala en dos informes, basados en documentos remitidos por las administraciones central y autonómica, que "la dirección y coordinación de la reacción administrativa estatal ante la catástrofe han sido improvisadas al menos en parte", y solicita una "investigación integral sobre ella en "los Parlamentos". Además, sobre la información proporcionada a los ciudadanos por los poderes públicos, el Defensor del Pueblo establece en sus escritos que puede "ser muestra de una política informativa defectuosa y hasta partidista".

Los informes del Defensor del Pueblo, anticipados ayer por la Cadena SER, son la contestación a una queja remitida el 26 de diciembre de 2002 por el Movimento polos Direitos Civís (Movimiento por los Derechos Civiles), una organización constituida, entre otras entidades, por las juventudes del sindicato gallego CIGA, próximo al Bloque Nacionalista Galego.

El primer escrito, de 51 páginas, está firmado el 21 de julio por el adjunto segundo al Defensor del Pueblo, Manuel Aguilar. En él se hace una descripción exhaustiva de la información oficial -"asimétrica y desequilibrada"- recibida de la Administración General del Estado y de la Xunta de Galicia. A continuación, estudia la actuación de ambas Administraciones ante la crisis del Prestige.

En las conclusiones de este informe se establece la "innegable" necesidad de "una investigación integral" sobre la reacción de los Gobiernos central y gallego "que habría de acometer en primer lugar y de oficio la propia Administración pública". El Defensor del Pueblo considera, asimismo, que "son los Parlamentos una sede más apropiada que esta Institución [el Defensor] para una evaluación de la que además podrían derivarse responsabilidades de diverso orden". El documento termina con una serie de recomendaciones, tanto comunes para ambas autoridades como específicas para el Estado y para la Xunta, entre las que destaca la realización de una "investigación integrada sobre el funcionamiento de los servicios administrativos en la prevención, detección y reacción" ante la catástrofe del Prestige, un "estudio sobre una evaluación de daños y perjuicios y determinación de responsabilidades" y la revisión del Plan de Contingencias del Ministerio de Fomento por contaminación marina accidental.

El segundo informe, de cuatro folios y con registro de salida de 10 de noviembre, viene firmado ya por Enrique Múgica. El Defensor del Pueblo no se muestra muy optimista al analizar la respuesta dada por el Gobierno y por la Xunta a las recomendaciones del informe anterior. El Ejecutivo presidido por Manuel Fraga respondió, ocho meses después del hundimiento del petrolero, que las recomendaciones del Defensor del Pueblo "serán detenidamente analizadas". Ante esta contestación, Múgica escribe: "Si a estas alturas la evaluación interna de la actuación de la Xunta es aún un asunto a estudiar es que hay dos posibilidades: O se desconoce el sistema de funcionamiento de las grandes organizaciones (y la Xunta lo es), pero ello es improbable; o no hay intención alguna de proceder a la evaluación, de oficio ni por recomendación de esta Institución".

La escueta respuesta recibida por parte del Gobierno central, en la que se dice que se traslada el primer informe a los Ministerios y entidades públicas estatales afectadas, es interpretada por Múgica como que sus recomendaciones "serán archivadas y pasarán a un definitivo olvido, es decir, que no son aceptadas".

Lo que sigue son las principales consideraciones del Defensor del Pueblo sobre la gestión del Gobierno y de la Xunta ante la crisis del Prestige.

- Sobre los documentos recibidos del Gobierno y la Xunta. El Defensor del Pueblo se queja con insistencia a lo largo de todo su informe de lo poco clara que resulta la documentación aportada por ambas administraciones, y la califica de "asimétrica y desequilibrada". La documentación remitida por el Estado era "voluminosa, escasamente estructurada y pretendidamente abrumadora". En los más de 2.000 folios facilitados por el Gobierno central, que carecían de un documento de síntesis, no se menciona ni una sola vez al entonces Comisionado del Gobierno para el Prestige, Rodolfo Martín-Villa.

Los 4.000 folios sin un sólo índice entregados por la Xunta tampoco se libran de las críticas del Defensor del Pueblo. "Esta es una forma de proceder impropia y poco aceptable, dada la gravedad de los hechos".

- Sistema de alertas y primeras decisiones. En el primer informe, el Defensor del Pueblo, con la documentación aportada por los Ejecutivos central y autonómico, infiere que "los instrumentos de planificación de acción preventiva y de lucha contra la contaminación no estaban actualizados en noviembre de 2002". Manuel Aguilar encuentra, además, una incongruencia: "La afirmación de que las autoridades españolas fueron desde el principio conscientes de la magnitud y gravedad que suponía el accidente del Prestige se contradice con la información proporcionada en un principio sobre la inexistencia de peligro de contaminación del litoral".

Por lo que se refiere al plan gallego de salvamento, al que no se hace alusión en ninguna parte de los documentos aportados por la Xunta, hace afirmar a Aguilar que "no hay constancia de que tal plan exista". Este hecho, unido a la falta de explicaciones precisas del Ministerio de Fomento sobre el asunto "invitan a pensar en un sistema de reacción administrativa escasamente efectivo", asegura el Defensor del Pueblo.

- Sobre el mando administrativo y la coordinación. La información sobre este tema es escasa, pero suficiente para permitir al Defensor del Pueblo afirmar que con los datos disponibles "no se deduce que el mando administrativo estuviera efectivamente determinado" y quedarse con la idea de "una pobre previsión sobre la organización administrativa autonómica disponible ante este tipo de situaciones catastróficas".

- La información proporcionada al público y los medios. Una de las principales quejas formuladas por el Movimento polos Direitos Civís era la "tentativa por parte de los Gobiernos del Estado Español y del Gobierno gallego, de manipulación de la información que tenía por objetivos minimizar los efectos de la tragedia". El Defensor del Pueblo "no encuentra que estos hechos supongan censura ni atentados contra la libertad de dar y recibir información veraz. Sin embargo, a renglón seguido asegura que "asunto distinto es que ello pueda ser muestra de una política informativa defectuosa y hasta partidista, pues es innegable que el peligro fue minimizado en un principio e incluso se consideró conjurado poco antes de que la marea negra fuese una realidad". Por lo que respecta específicamente a la Xunta, el Defensor del Pueblo detecta una "minimización de los posibles riesgos o daños así como cierta autosatisfacción prematura".

Esta información al público, el Defensor del Pueblo la hace extensiva a la defectuosa documentación que le han facilitado los Gobiernos central y gallego. Ante un informe de la Dirección General de Costas, de "redacción deficiente" y que no menciona la evaluación de daños efectivos y previsibles, ni se refiere en ningún momento a la empresa Tragsa, encargada de las tareas de limpieza, el Defensor recomienda al Ministerio de Medio Ambiente "la consulta de la Directiva europea sobre normalización y racionalización de los informes relativos a la aplicación de determinadas directivas referentes al medio ambiente".

- Cobertura de las necesidades de la población. En los informes del Gobierno y de la Xunta no se mencionan los riesgos del vertido de fuel para la salud, y sólo se trata del pago de las ayudas a los afectados. Sin embargo, no se hace una evaluación de la gestión de estas ayudas ni se hace referencia alguna a la reinserción sociolaboral ni los posibles efectos sobre el turismo.

- Cobertura de emergencia de los recursos naturales. En este aspecto, el Defensor del Pueblo constata una contradicción. Según Manuel Aguilar, en el informe de la Xunta "se dice que el 13 de noviembre -el día del accidente- se puso en marcha un operativo que incluía el apoyo al Ministerio de Medio Ambiente en la limpieza de playas, pero el 15 de noviembre aún se descarta el riesgo de marea negra. De hecho, la Unidad de Observación Próxima no se creó hasta el 20 de noviembre".

Por lo que respecta a la limpieza de playas, en los documentos de la Xunta "no se ha encontrado una descripción mínima de las comisiones de limpieza de playas, de contaminación marina, ni de los protocolos de coordinación de las tareas". Y el Defensor señala que "la información proporcionada por la Xunta acerca del parque nacional de las Islas Atlánticas es prácticamente nula". Finalmente, en cuanto a los voluntarios, la Xunta no informa "en absoluto" sobre la organización del voluntariado, que le correspondía desde 2003".