El acusador público solicita prisión para un joven que accedió al 'e-mail' de su ex novia y reveló sus secretos
La Fiscalía de Madrid solicita 18 meses de cárcel para un joven que accedió ilegalmente al correo electrónico de su ex novia y desde éste envió mensajes a una tercera persona con la que su ex pareja había iniciado una relación sentimental. Todo ello con la intención de que la nueva pareja se rompiese.
El fiscal acusa a J. E. G. de un delito de descubrimiento y revelación de secretos, previsto en el artículo 197 del nuevo Código Penal, y de una falta de apropiación indebida por haber sustraído supuestamente un microprocesador propiedad de la chica.
El reo accedió a los e-mails -algunos de ellos, de amor- que se enviaban recíprocamente su ex novia y esa tercera persona en noviembre de 2001, según la fiscalía. Pero no se detuvo ahí: haciéndose pasar por ella y en un acto de despecho, transmitió por su cuenta mensajes al nuevo novio de la que había sido su chica con la intención de crear confusión en la nueva relación y, desde la sombra, tratar de conducirla a la ruptura. Uno de los e-mails que envió a esa tercera persona, haciéndose pasar por quien había sido su ex novia, era una especie de confesión en la que dejaba entrever supuestos asuntos turbios en su anterior relación. En otra ocasión, leyó un correo que una amiga de su ex novia había enviado a ésta. En ese correo, la amiga opinaba distendidamente sobre la relación de ambos. El acusado lo leyó y lo reenvió a la nueva pareja de su ex novia.
El juicio se celebrará en un juzgado de lo penal de Madrid. Además de los 18 meses de cárcel por descubrimiento y revelación de secretos, la fiscalía atribuye al acusado un falta de apropiación indebida por la que reclama al acusado una multa de 14 meses a razón de una cuota diaria de seis euros. En concreto, le acusa de haberse quedado con un microprocesador propiedad de su ex novia. El fiscal demanda que el reo restituya a la chica el microprocesador o bien que le abone su importe (216 euros).
Mientras se celebra el juicio, el juzgado instructor de este caso, el número 7 de Madrid, ha ordenado a J. E. G. que preste fianza por importe del valor del microprocesador.
