Rouco expresa la preocupación de la Iglesia por el 'plan Ibarretxe'

"Extraordinariamente preocupados". Así están viviendo los obispos las "celebraciones del 25º aniversario de la Constitución", que el cardenal Antonio María Rouco, presidente de la Conferencia Episcopal, ve "ensombrecidas por graves cuestionamientos". Sin citarlo, el cardenal se refirió ayer, ante la asamblea plenaria de los prelados españoles, al plan Ibarretxe. Alterar la Constitución "es inadmisible", dijo.

El presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE) afirmó ayer que, con motivo del aniversario de la Constitución, recobra "máxima actualidad" el mensaje de los obispos sobre el terrorismo y el nacionalismo totalitario aprobado por la CEE hace un año para librarse de las airadas críticas de un sector de la sociedad española a causa de una pastoral anterior de los cuatro obispos vascos sobre el mismo asunto. "Pretender unilateralmente alterar este ordenamiento jurídico en función de una determinada voluntad de poder, local o de cualquier otro tipo, es inadmisible. Es necesario respetar y tutelar el bien común de una sociedad pluricentenaria", dijeron los prelados el 22 de noviembre de 2002 en la instrucción pastoral Valoración moral del terrorismo en España, de sus cau

sas y de sus consecuencias.

"A la distancia de un año, en la coyuntura de las celebraciones del 25 aniversario de la Constitución Española, ensombrecidas por graves cuestionamientos que nos preocupan extraordinariamente a todos, y por todos conocidos, recobran máxima actualidad las palabras de la citada Instrucción Pastoral", dijo ayer el cardenal de Madrid , en referencia a la propuesta del lehendakari Juan José Ibarretxe.

Rouco hablaba ante más de un centenar de obispos reunidos en Madrid durante toda la semana para estudiar una serie de documentos y proyectos con los que los prelados buscan revitalizar la acción del catolicismo español. El párrafo dedicado en su discurso al 25 aniversario de la Constitución fue subrayado de manera especial en un comunicado previo de la oficina de comunicación de la CEE. Finalizada la sesión de apertura, que contó con la presencia del Nuncio (embajador) del Papa en España, arzobispo Manuel Monteiro, los prelados tuvieron un descanso de unos quince minutos, que el obispo de San Sebastián, Juan María Uriarte, pasó sentado en su escaño, solitario, serio y aparentemente aislado por sus hermanos en el episcopado.

Su predecesor en el cargo, José María Setién, jubilado anticipadamente por presiones de Roma el 13 de enero de 2000 a causa de sus posiciones nacionalistas, no acudió a esta asamblea, al menos en el día de ayer, en contra de su costumbre.

Uriarte, precipitado sustituto de Setién, es miembro del Comité Ejecutivo de la CEE y objeto de reproches entre los sectores conservadores eclesiásticos y políticos, que le acusan de haber defraudado las expectativas depositadas en él cuando Roma le sacó de la diócesis de Zamora para elevarlo a la sede guipuzcoana. A pesar de las torbellinos que ha sufrido el catolicismo español a causa del problema vasco, el predicamento y la influencia de estos prelados sigue siendo grande, y a ellos se achaca que la Conferencia Episcopal negase su rubrica o aval público al Pacto por la Libertad y contra el Terrorismo, suscrito el 12 de diciembre de 2000 por el PP y el PSOE.

Rouco se esforzó ayer en subrayar que la postura de la Conferencia Episcopal se ha guiado en estos 25 años de vigencia de la Constitución "por el servicio a la reconciliación y a la paz entre los españoles". "Los obispos queremos renovar [esa postura] para el bien de toda la sociedad española", dijo. También recordó que la Iglesia propició la aceptación de un texto constitucional "que fuera una gran plataforma de convivencia, superadora de tantos enfrentamientos históricos, reflejo del más amplio consenso comunitario sobre el cuadro de valores que ha de dar sentido al edificio legislativo del país".

Por otra parte, el Tribunal Constitucional ha designado ponente del escrito de impugnación contra el plan Ibarretxe al magistrado Guillermo Jiménez, que se encargará de proponer al pleno de este organismo la eventual admisión a trámite de la iniciativa legal del Gobierno contra la propuesta de nuevo Estatuto para Euskadi. El pleno del Constitucional donde se conocerá la decisión de Jiménez se celebrará previsiblemente en la primera semana de diciembre.