Un calendario enrevesado

El resultado de las elecciones catalanas que se celebran hoy y la complicada negociación para formar el Gobierno autonómico marcarán una nueva etapa política en toda España y un enrevesado calendario en el que las elecciones de 2004 se mezclarán con el desarrollo de los acontecimientos en el País Vasco.

Por el lado del PP, cada vez hay más voces que apoyan la propuesta de José María Michavila y aseguran que en el caso de ganar las generales con mayoría suficiente, lo primero será aprobar una ley que desarrolle el artículo 155 de la Constitución. Dicho artículo prevé que el Gobierno obligue a las autoridades de una comunidad autónoma a cumplir la ley y a no hacer nada que atente gravemente "contra el interés general de España", pero no aclara cómo se llevará a cabo semejante decisión.

Muchas voces en el PP aseguran que, si ganan en marzo por mayoría absoluta, pondrán en marcha una ley de desarrollo del artículo 155 de la Constitución

La mayoría de los diputados de la oposición opinan que si se hace esa ley, probablemente se aplicaría con "demasiada rapidez". "Una ley así pondría en peligro el modelo autonómico en su conjunto, porque haría depender el sistema de la sola decisión del Gobierno central, algo intolerable para los Parlamentos autonómicos y, desde luego, para Cataluña", explica un diputado catalán.

Por el lado del Gobierno vasco, nadie es capaz de predecir su calendario interno, pero son muchos quienes creen que Juan José Ibarretxe no pretenderá que su plan sea discutido, en ningún caso, antes de junio-septiembre del próximo año. Y no sólo porque el Tribunal Constitucional haya aceptado su impugnación, sino también porque el propio PNV necesita tiempo para solucionar sus asuntos.

Aunque prácticamente todos los nacionalistas parecen convencidos de la oportunidad del plan, muchos cargos locales aseguran que la nueva dirección del partido tendrá también mucho que decir en cuanto a los ritmos. "No será lo mismo un EBB dirigido por Imaz que por Egibar: los dos apoyan el plan, pero tienen tácticas distintas", mantiene un concejal nacionalista, que se niega a discutir la viabilidad del plan Ibarretxe. "Lo primero no es poner en marcha el plan, sino que los nacionalistas consigamos mayoría absoluta en unas nuevas elecciones vascas. A partir de ahí, ya veremos", afirma.

Dificultades prácticas

Un importante abogado que reconoce sentirse próximo al plan Ibarretxe resalta, sin embargo, las dificultades que puede encontrar si se implementa de forma unilateral. "Esto no sería nada fácil. El Gobierno vasco no puede, por ejemplo, poner en marcha un Tribunal Supremo propio porque eso es algo que requiere el acuerdo y la negociación con el Estado español", afirma. "Yo podría apelar quizá ante un Tribunal Supremo Vasco con un pleito entre dos caseríos de aquí, pero no veo muy bien qué se espera que haga si tengo un pleito que afecta a un ciudadano vasco y a otro de Burgos. ¿Dónde apelo?".

Lo mismo sucede con el tema de la Seguridad Social. Un empresario vizcaíno crítico con el PNV comenta el tema de las pensiones: "Si el Gobierno vasco obliga a entregar las cotizaciones a una tesorería vasca, tendrá antes que explicar cómo piensa pagar las pensiones de los miles de vascos que reciben todos los meses su dinero de la Tesorería de la Seguridad Social española. Estas cosas no se pueden hacer por las bravas. Cuanto antes se den cuenta los ciudadanos de que no pueden pretender cobrar una pensión de Madrid si no pagan en Madrid, mejor".

Otro empresario recuerda que hasta en la Cooperativa Mondragón, de profundas raíces vascas, hace falta un acuerdo mayoritario tanto para entrar como para salir. "Una empresa que forma parte del movimiento cooperativo no se puede ir por las buenas; los restantes miembros también tienen derecho a votar, y hace falta que la mayoría esté de acuerdo. No basta con decidirlo uno solo", explica.

Algunos parlamentarios del PNV y de EA reconocen que les ha causado sorpresa la rapidez del Gobierno para impedir el debate, pero aseguran que Ibarretxe tampoco tenía intención de promoverlo, de manera formal, antes del verano. "El calendario tiene otro ritmo: primero, los presupuestos; luego, la renovación de los cargos del PNV, y finalmente, las generales", asegura uno de ellos.

En diciembre se tienen que discutir los nuevos presupuestos. Este año han dejado de ser un problema para el PNV gracias al error que cometió en 2002 Jaime Mayor Oreja. Ahora ya no se trata de prorrogar un presupuesto de cinco años de antigüedad (lo que causaba escalofríos en la Administración vasca), sino de extender el aprobado el año pasado. En enero, el PNV estará metido de lleno en la segunda vuelta para elegir a su nuevo presidente y al Euskadi Buru Batzar. Y en febrero comenzará la batalla para las elecciones de marzo. "Es posible que en el Parlamento vasco haya alguna escaramuza sobre el plan, pero es difícil que el debate se plantee con seriedad", calcula un diputado socialista.