El Gobierno elogia la "celeridad" para aclarar las agresiones a marroquíes iniciadas en agosto

El subdelegado del Gobierno en Almería, Francisco Laínez, destacó ayer la "celeridad" de la actuación policial para esclarecer la autoría de los ataques contra marroquíes en carreteras de la comarca del Poniente, a pesar de que la primera denuncia se presentó el 12 de agosto y en ella se detallaban el color, la marca, el modelo y los números de la matrícula del coche en el que viajaban los agresores. Los supuestos autores de estos ataques -tres vecinos de Berja y Adra con edades de 18 a 22 años- fueron detenidos el pasado 8 de noviembre, cuatro días después de que el Sindicato de Obreros del Campo (SOC) denunciase los reiterados incidentes violentos que estaban sufriendo inmigrantes desde agosto.

Una decena de marroquíes han formalizado una denuncia por estas agresiones, que en varios casos obligó a hospitalizar e intervenir quirúrgicamente a las víctimas. Laínez aseguró que desde que se presentó la primera denuncia "todas esas cosas se venían investigando". De hecho atribuyó la "celeridad" de la actuación policial a que estaban "sobre la pista". El subdelegado dejó claro ayer que no existe una organización racista detrás de los supuestos autores pero no valoró la motivación que ha provocado los ataques. "No entro en las razones de las personas para actuar", zanjó.

En cualquier caso, Laínez echó mano de la estadística para minimizar los incidentes violentos sufridos por inmigrantes en la comarca del Poniente a manos de españoles. En lo que va de año 17 extranjeros han denunciado hechos delictivos cometidos por españoles en toda la zona, lo que denota una conflictividad baja, a juicio del subdelegado.

Entre esos 17 inmigrantes figuran la decena que sufrió agresiones en diferentes carreteras y para quienes el secretario general del SOC, Diego Cañamero, pidió "generosidad" en la aplicación de la ley para facilitar su regularización. Sólo uno de los 10 marroquíes atacados tiene papeles.

Inspectores de trabajo

Cañamero se reunió ayer con el subdelegado del Gobierno para mostrarle su preocupación por la falta de integración de los inmigrantes en la provincia y que, en su opinión, desembocará en nuevos problemas en el futuro si persiste. El SOC defendió el nombramiento de inspectores de trabajo específicos para intervenir en temas del campo, un teléfono de urgencias de 24 horas para que los inmigrantes puedan denunciar y la creación de un servicio de atención para los temporeros en Jaén, Huelva y Almería ligado a la campaña agrícola.

Además, defendió la vinculación de los contratos de trabajo a la oferta de alojamiento para los temporeros agrícolas como una iniciativa que ayudaría a solucionar la precariedad en la que viven numerosos extranjeros que trabajan en el campo.

En este sentido Laínez elogió el impulso del Gobierno a las contrataciones en origen que obliga a los empresarios a garantizar una residencia a las personas que contratan en el extranjero durante el tiempo que dure su vinculación laboral. El subdelegado reconoció, sin embargo, la necesidad de mejorar algunos servicios como las inspecciones de trabajo para combatir las irregularidades laborales que se cometan en el campo.

Cañamero aprovechó la reunión para denunciar un supuesto maltrato policial en la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía de Almería a dos hermanos marroquíes antes de ser expulsados a su país. Además de las acusaciones de ambos norteafricanos, el SOC sustenta su denuncia "verbal" en las palabras del empresario jiennense que acompañó a los inmigrantes a la comisaría y que ha censurado el trato que recibieron.

Laínez aseguró que dispone de datos "fehacientes" para afirmar que "no ha habido ningún maltrato por parte de policías". El subdelegado explicó que los inmigrantes "se resistieron a ser introducidos en el vehículo" y que fueron trasladados a un centro sanitario. Aludió, asimismo, a los informes que le han remitido desde la policía y el centro sanitario donde atendieron a los marroquíes para aseverar que "no hay constancia ninguna de malos tratos".

Los inmigrantes, que tenían tres órdenes de expulsión, acudieron el 15 de septiembre a la comisaría con el empresario con la intención de regularizar sus papeles aprovechando la oferta laboral del jiennense.